Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera dio un paso más tras las sanciones emitidas desde Estados Unidos: solicitó a la Secretaría de Gobernación la suspensión de actividades de dos casinos señalados por presunto lavado de dinero.

En paralelo, el organismo informó que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra los involucrados, por posibles delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.

La petición fue canalizada a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, instancia encargada de regular este tipo de establecimientos. La medida busca frenar la operación de negocios identificados dentro de un mismo entramado financiero.

Según la UIF, el análisis realizado —que incluyó revisión financiera, fiscal y corporativa— permitió detectar transferencias internacionales, manejo de efectivo sin justificación y discrepancias entre ingresos reportados y montos operados.

Las autoridades también ubicaron posibles esquemas de evasión fiscal, derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de movimientos económicos que no guardan proporción con la actividad declarada.

El reporte advierte además sobre patrones vinculados a actividades vulnerables en el sector de apuestas, un rubro que, por su naturaleza, puede ser utilizado para el lavado de activos si no existe control suficiente.

El caso se desprende de las sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que incluyeron a Juan Pablo Penilla, Jesús Raymundo Ramos Vázquez y Eduardo Javier Islas Valdez, así como a empresas y casinos como Casino Centenario, Diamante Casino y la firma Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA).

La actuación coordinada entre autoridades mexicanas y estadounidenses abre un nuevo frente en la vigilancia del flujo de dinero en el sector del juego, donde las irregularidades detectadas apuntan a estructuras más amplias que aún están bajo investigación.