No fue difícil distinguir, entre 145 entes públicos auditados, al peor ubicado en el último Informe de la Cuenta Pública 2018, entregado por la Auditoría Superior del Estado el 16 de diciembre: la Universidad Autónoma de Coahuila.

Con base en lo fiscalizado, la UAdeC se colocó en el último lugar en cumplimiento y desempeño financiero pues ejerció 3 mil 48 millones 252 mil pesos ese año, de los cuales 2 mil 792 millones 527 mil pesos le fueron observados con irregularidades. Es decir, el 91.6% del total. O lo que es igual, 9 de cada 10 pesos administrados. Fenómeno que, en otras latitudes, sería escandaloso.

De ellos, se consideran “graves” 2 mil 589 millones 614 mil pesos. Y aquí viene lo interesante: originalmente solo le habían etiquetado ese año 2 mil 344 millones 602 mil pesos de presupuesto. Es decir, el faltante supera incluso a la cantidad inicial. O para definirlo con economía de palabras: es un completo desastre.

En la máxima casa de estudios del Estado todo está mal. Durante 2018, por ejemplo, gastó 406 millones 152 mil pesos extra en “servicios personales”, sin que exista la información y documentación que justifique dicho incremento. Como resultado de la auditoría número ASE-07360-2018, a su vez, se desprenden 268 observaciones por un valor total de 609 millones 515 mil 838 pesos. Entre otras cosas hay disparidad entre su contabilidad y las cuentas bancarias que utiliza, existen empleados que percibieron sueldos por dos o más plazas sin acreditarse la compatibilidad de horarios, además pagos de categorías que no figuran en el tabulador, y falta documentación comprobatoria y justificativa de ciertas erogaciones efectuadas con proveedores y prestadores de servicios.

Ahora bien, pese a que la información corresponde a 2018, es un tema vigente y sujeto a responsabilidades. El desorden fue monumental y naturalmente hay responsables en la jerarquía. Por principio de cuentas el rector, Salvador Hernández Vélez; el tesorero general, Jorge Alanís Canales; el oficial mayor, Daniel Garza Treviño, y la contralora, Ludivina Leíja Rodríguez.

¿Tan incompetentes son para no ver que casi todo su presupuesto ejercido fue irregular? ¿Por qué ocurren tantas fallas y errores, si no hay funcionarios improvisados entre su burocracia?

Para dimensionar: convertidas en dinero, las observaciones con carácter oficial de la Auditoría Superior del Estado representan el 52% de irregularidades correspondientes a los entes públicos de todo Coahuila en 2018.

Si se tratase de mala praxis administrativa sería imperdonable para una institución que posee, entre sus 65 centros de estudio, facultades y escuelas de contabilidad además de técnicos entre sus filas. Pero si hablamos de corrupción es peor, al tratarse del mayor formador de profesionales en Coahuila.

¿Cómo tomar en serio a la Universidad a partir de lo anterior si no cuenta con un piso mínimo de certeza?

Cortita y al pie
Si bien la UAdeC maneja un presupuesto más alto que cualquier municipio de Coahuila, el 26 de septiembre, Salvador Hernández Vélez, su rector, remitió una comunicación al Congreso del Estado para solicitar su ayuda y pedir más recursos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para 2020. Según su carta, la universidad necesita una partida extra estimada en 571 millones de pesos, sin la cual no podría pagar pensiones y aguinaldos del presente año a 2 mil 129 jubilados (328 millones para tal fin).
Además requiere 93 millones para “mantenimiento urgente” a edificios, otros 107 millones para pagar “contribuciones de ejercicios anteriores”, y 43 millones más para “la liquidación por años de servicio al personal que se jubiló en 2017 y 2018”.

Las súplicas, sin embargo, fueron desestimadas y para 2020 solo se contempla una aportación de 823 millones 576 mil pesos del Gobierno del Estado, mil 461 millones 813 mil pesos de la Federación, y alrededor de 200 millones de ingresos propios; cifra que suma 2 mil 485 millones 389 mil pesos.

La última y nos vamos
Por lo demás, ni durante la gestión de Mario Alberto “El Negro” Ochoa (2007-2013) se verificaron tantas irregularidades como en el primer año de rectorado de Salvador Hernández Vélez. En resumen: 2 mil 792 millones 527 mil pesos que suman al desprestigio que arrastra la Universidad y perjudica, principalmente, a 35 mil 730 estudiantes.
Y eso que solo hablamos de dinero y no de asuntos académicos, lo que sería lo verdaderamente importante.