Por: Ricardo Homs

El reto más importante que tiene la ministra Yasmín Esquivel Mossa para resolver satisfactoriamente el tema del plagio de su tesis de licenciatura, —no solo está en ganar el juicio presentado ante las instituciones judiciales y además ser exonerada por la UNAM—, sino, también, convencer a toda la ciudadanía de que la razón y la justicia, —a secas—, están de su lado.

Una exigencia fundamental para quienes forman parte de la SCJN debe ser proyectar esa autoridad moral que se deriva de una trayectoria pública éticamente incuestionable, —en los hechos—, pero también en las percepciones públicas.

Si la ministra ganase el juicio contra su plagiario —y las autoridades de la UNAM le otorgasen la razón desde el punto de vista académico—, pero en contraste no lograse vencer las suspicacias públicas de que para lograrlo ella se aprovechó de su posición relevante en la SCJN, entonces provocará una crisis de credibilidad para todo el sistema judicial del país y —por supuesto—, para la SCJN, institución emblemática de este poder, uno de los tres Poderes de la Unión.

La credibilidad de las instituciones depende de la credibilidad de quienes las encabezan.

Vivimos la era de las percepciones y todo lo que se ha hecho para exonerar a la ministra desde las “mañaneras”, sólo ha acrecentado las suspicacias y la desconfianza respecto a un juicio justo, incluso, aunque el supuesto plagiario al final reconociera su falta.

La pregunta que surge es: si el ministro cuestionado por un posible plagio fuese otro de los candidatos a la presidencia de la SCJN y no la ministra Esquivel… ¿el presidente le hubiera dedicado tiempo de sus mañaneras para pedir a la UNAM un dictamen “fast track”, en tiempos de asueto?

Ella está en derecho de defender la originalidad de su texto. Sin embargo, lo está haciendo blindada desde uno de los cargos de mayor poder dentro del sistema judicial y arropada por un poderoso amigo de la familia Riobóo Esquivel.

El manejo de las fechas para establecer cuál es la obra primigenia y cuál la réplica, es complejo y puede requerir una investigación profunda, donde el hilo conductor podría ser la directora de la tesis, la profesora Rodríguez, quien asesoró no sólo la de la ministra Esquivel, sino también la de quien en ese entonces era el pasante en derecho Edgar Báez, el otro implicado en este juicio.

Edgar Báez ya empezó a resentir el desgaste de su reputación a partir de la difusión en redes sociales de información cuestionable sobre su conducta personal. Hasta parece una campaña planificada para doblegarlo y obligarlo a inculparse.

Por otra parte, en el comunicado de la ministra ya se habla de discriminación de género en contra de sus aspiraciones a presidir la SCJN. Esto nada tiene que ver con la obra plagiada. Denunciar una posible discriminación de género representa la estrategia de la victimización emocional.

En fin, este es un caso complejo y relevante que pondrá a prueba la independencia de nuestras instituciones. Por tanto, no debe resolverse con base a especulaciones públicas, sino con certeza y teniendo como fin fundamental impartir justicia sustentada en la ética.

Los ministros que votarán para elegir presidente de la SCJN deben reflexionar su voto, considerando el impacto de este caso en la sociedad. Está en juego la percepción de independencia de la SCJN, así como la credibilidad de la institución desde los ámbitos ético y moral y la confianza ciudadana en todo el sistema de impartición de justicia.

El impacto público de este caso de plagio rebasa con mucho el ámbito académico e incluso, el judicial, pues la simple exhibición de este caso donde está involucrado un ministro del máximo tribunal constitucional del país, presupone el riesgo de afectación a la endeble confianza que el mexicano hoy dispensa a nuestro estado de derecho.

¿Y a usted qué le parece?