La asunción de Miguel Felipe Mery Ayup como presidente del Tribunal Superior de Justicia, a finales de 2019, trajo aparejada la construcción de infraestructura que requiere, con carácter de urgente, sí, el Poder Judicial de Coahuila. Y ese plan, junto a la transición del papel a lo digital, apunta para ser su sello personal durante los próximos cinco años en el cargo, a concluir en 2025.

Si bien al tercero de los poderes del Estado se le puede revisar por su actividad jurisdiccional: sentencias, expedientes, tesis aisladas o asuntos en trámite, su actividad administrativa es poco auditada periodísticamente, por no decir invisible a la opinión pública.

Luego de un primer semestre de 2020 en blanco, en el tercer informe de avance de gestión financiera, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre, la Oficialía Mayor del Poder Judicial, cuyo titular es José Manuel Gil Navarro, informó en el apartado, Relación de Bienes Inmuebles que Componen su Patrimonio, la “construcción-edificio de Acuña”, por un valor total de 8 millones 506 mil 701 pesos.

Hasta aquí no habría mayor inconveniente, de no ser porque en el Informe Anual de Actividades 2020, se menciona que “comenzó y concluyó el Centro de Justicia de Ciudad Acuña, una añeja necesidad del Distrito Judicial que mayor rezago tenía en espacios para la impartición de justicia”. Y lo interesante del caso: “este recinto es producto de la donación de un predio con una superficie de 5 mil 335.15 metros cuadrados por parte del Gobierno del Estado, y representa una inversión del Poder Judicial de 28 millones de pesos”.

Dicho de otra forma: hay una diferencia de 20 millones de pesos entre lo informado al Poder Legislativo, a través del avance de gestión financiera, por un lado, y al público en general mediante el documento anual, por el otro.
¿En dónde radica el “error”? ¿En qué momento se “perdió” la cifra?
Cabe señalar que lo inaugurado en diciembre pasado, es decir, el Centro de Justicia de Ciudad Acuña, se acerca más a los 8.5 millones de pesos reportados por la Oficialía Mayor que a los 28 millones mencionados por el magistrado.

Incluso en la versión estenográfica del mensaje que dio Miguel Mery, a propósito de su informe el 27 de enero, confirma la cantidad: “en 2020  inauguramos el Centro de Justicia de Ciudad Acuña que cuenta con un juzgado civil y otro familiar, una sala de audiencia oral y espacios para una Delegación del Instituto Estatal de Defensoría Pública, el Centro de Evaluación Sicosocial con área de convivencia supervisada, el Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias y el Archivo Judicial, además de que hemos dejado espacio para desarrollos futuros. Estimamos que unas 11 mil personas se beneficiarán anualmente de los servicios e instalaciones de este nuevo Centro”.

Y continúa: “agradezco la generosa donación del Gobierno del Estado del terreno de más de 5 mil 300 metros cuadrados donde construimos este Centro de Justicia, en el que invertimos 28 millones de pesos aprobados en su momento por el Congreso del Estado”.

Cortita y al pie
Desde 2018 se incorporó al patrimonio del Poder Judicial otro inmueble, adquirido en un millón 200 mil pesos con valor en libros, el cual será destinado a “oficinas de defensoría pública” en Torreón, mismo que ha sido reportado en la cuenta pública anual de los últimos tres años. Y en 2020 “se realizaron las gestiones necesarias para comenzar el Centro de Justicia para la Región Carbonífera, en el Distrito Judicial de Sabinas”.

Ahora bien, sin especificar cuáles y en dónde, en el avance de la cuenta pública que corresponde al cuarto trimestre de 2020, recibido apenas el 29 de enero de 2021 en el Congreso del Estado, la Oficialía Mayor registra un concepto denominado, Construcciones en Proceso, por 30 millones 232 mil 218 pesos.

Sin embargo en el apartado contratistas, Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, solo identifica un adeudo de 2 millones 333 mil 332 pesos “en proceso”, a pagar en 90 días, con la sociedad mercantil CTYS, S.A. de C.V. (constituida en Monterrey, N.L. en 2014, pero perteneciente mayoritariamente a Fernando Álvarez González, con una pequeña participación de Luis Sánchez Galindo, ambos domiciliados en Saltillo). Otra discrepancia importante.

La última y nos vamos
Por lo demás, el primer año de Mery Ayup en la Presidencia del Pleno se puede resumir en una máxima de la política en nuestro país tan vigente como siempre: “¡Haz obra, que algo sobra!”.