Por su Producto Interno Bruto, México se encuentra en el lugar 16 de 194 países, sin embargo, en los resultados de aplicación de marco institucional y legal, de los sistemas de salud y de educación, así como de aspectos de tecnología y mercado laboral, medidos a través del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, hasta 2019 nuestro país se encontraba en el lugar 48 de 140 países.

Con los estragos en nuestros sistemas de salud y económico causados por el virus Covid-19, no se descarta que, en la próxima medición de competitividad, México descienda algunos peldaños, lo cual es factible si analizamos el “pool” de reformas que está impulsando la agenda legislativa nacional, ya que tienen consecuencias importantes en la competitividad del país. Estas pueden provocar que México sea cada vez menos atractivo para hacer negocios y, lejos de lograr una recuperación económica, las instituciones y las políticas pudieran no garantizar niveles de prosperidad sostenibles para los mexicanos.

Por ejemplo, la reforma energética provocó el día de su aprobación, una depreciación del peso frente al dólar. Esta reforma da prioridad en el despacho de energía a las plantas eléctricas de CFE, relega las plantas de energía renovable de la iniciativa privada, cancela permisos de autoabasto eléctrico y mecanismos de subastas eléctricas con los que se compraba energía a particulares, por la tecnología con que cuente, lo cual hace que generar electricidad sea más caro. Esto tendría una presión para las finanzas públicas, pues los mexicanos pagaremos más por energía eléctrica y estaremos en riesgo de corte del suministro, lo cual afectará la competitividad del país y ahuyentará a las inversiones.

Luego, la reforma laboral busca eliminar el outsourcing, ya que la subcontratación laboral ha sido aprovechada para evadir impuestos y mermar los derechos de los trabajadores. Si bien es cierto que, se debe combatir el abuso del outsourcing en contra de los trabajadores, el fisco y la seguridad social, eliminar esta figura afectará la actividad económica y el empleo formal. Según Coparmex, existen más de 4.6 millones de trabajadores formales en México bajo la subcontratación y al tornarse ilegal su condición laboral, no necesariamente serán contratados por las empresas pues implican mayores costos, por lo que hay un riesgo de perder su empleo. El impacto de esta reforma, que además considera la deducción de ISR y acreditación de IVA por servicios personales subcontratados como un acto de defraudación fiscal, provocaría desempleo, informalidad y deterioro de la capacidad productiva en el país.

Por último, la iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México pone en riesgo la autonomía y las reservas del Banco central. El Banco de México ha advertido que la reforma le quitaría su blindaje contra operaciones ilícitas, pues se pretende que los dólares que no puedan ser repatriados se incorporen a las reservas internacionales, pero en caso de sospecha de ingreso de efectivo de procedencia ilegal, se pueden abrir investigaciones por lavado de dinero y las autoridades a nivel mundial podrían congelar o decomisar los activos del banco central, lo que le impediría a este acceder a esta parte de las reservas, causando un ataque especulativo contra el peso con consecuencias muy graves.

Estas reformas pueden mermar la competitividad del país, por lo que desde la sociedad civil organizada debemos hacer conciencia e impulsar cambios que transformen la competitividad de nuestro país.