El Presidente no acepta lo que sostiene la Constitución y se resiste a las decisiones de los órganos del Estado que se rigen por ella y la hacen valer.

Siempre quiere ubicarse por encima de las leyes que solo valen y tienen sentido cuando se acomodan a su visión del mundo, pero sobre todo a sus proyectos e intereses. Su palabra es la ley no la Constitución.

Se asemeja, cada vez se les parece más, a los presidentes autoritarios e incluso dictatoriales de Centroamérica y América del Sur, que se ponen por encima de la Constitución en aras de su “causa”.

El pasado 27 de abril, el TEPJF tomó dos decisiones de carácter histórico que validaron dos resoluciones que ya había tomado el INE y fueron controvertidas por Morena.

La primera es que el partido que gane la mayoría de votos, para la Cámara de Diputados, nunca podrá tener una sobrerrepresentación mayor al 8% de la votación recibida como lo señala la Constitución.

Con la decisión “se busca preservar los valores de pluralidad y proporcionalidad y se garantiza la aplicación de los límites constitucionales”, consideró el magistrado Fuentes, ponente de la resolución.

Decidió también cancelar el registro como candidatos a gobernador a Félix Salgado Macedonio (Guerrero) y a Raúl Morón (Michoacán), porque de manera dolosa impidieron la labor de fiscalización de sus gastos de precampaña.

El 28 de abril, el Presidente, ante la resolución del TEPJF en defensa de lo que ordena la Constitución, arremete con toda la fuerza de su investidura contra el INE y los magistrados del tribunal.

Quien juró la Constitución y se comprometió a defenderla sostiene que “no es posible, no tiene justificación, que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña en un caso de 14 mil pesos que corresponde al de Michoacán y de 19 mil pesos que no comprobó Félix Salgado, se les cancele su registro para participar, eso no tiene ninguna justificación, es excesivo.”

La ley, como tramposamente lo quiere hacer ver el Presidente, no señala montos, pero sí que se castiga con la cancelación de la candidatura al que no presente las cuentas, como lo hicieron Salgado Macedonio y Morón.

Y asegura, sin razón, que no se respetó la democracia y la voluntad del pueblo y “se afectó a los ciudadanos, se les quitó un derecho a elegir, se les quitó un derecho fundamental, tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática”.

Cuando estos claramente optaron por la defensa de la democracia y la Constitución. El Presidente está enojado, porque no se hace lo que quiere y por eso acusa a estos órganos autónomos del Estado de atentar contra el pueblo.

Desde que asumió su mandato ha declarado una guerra a los órganos autónomos que según él “solo fueron creados para desorganizar al Estado… surgieron como hongos.” No quiere ningún contrapeso al ejercicio de su poder. Le molesta.

Es muy claro, están ahí las evidencias, que el Presidente no respeta la Constitución y tampoco a los órganos autónomos que la hacen valer y se muestra como un enemigo jurado de la democracia, que tanto ha costado construir. Antes de asumir su responsabilidad pensaba de otra manera.