Monclova
Por
Milton Malacara
Publicado el sábado, 31 de enero del 2026 a las 04:06
Monclova, Coah.- Para Raymundo Romo García, presidente del Movimiento de Lucha por una Pensión Digna, el reciente anuncio del incremento del 3.69% a las pensiones del Seguro Social para este 2026 no es más que una “cifra de escritorio” que ignora las necesidades básicas en la que viven miles de jubilados en México.
De la misma manera, el líder de la organización denunció que este ajuste, lejos de ser un beneficio, representa un estancamiento frente al encarecimiento de la vida, señalando que el mecanismo de actualización anual ha quedado rebasado por la realidad económica de quienes entregaron su vida al trabajo.
Romo García fue enfático al señalar que este porcentaje no se traduce en un incremento real en el poder adquisitivo, ya que la dinámica de precios en el país devora cualquier ajuste antes de que llegue a los bolsillos de los beneficiarios.
“Es una burla pretender que un 3.69% compensará el costo de la canasta básica; todos los productos esenciales aumentan de precio cada medio año, mientras que a nosotros nos amarran a una cifra anual que no refleja lo que pagamos en el mercado o en la farmacia”, sentenció.
La crítica del Movimiento de Lucha por una Pensión Digna, también se dirigió hacia las instituciones de estadística oficial, motivo por el cual, Romo García afirmó que el INEGI carece de una metodología sensible a la vulnerabilidad de la tercera edad.
“La gente del INEGI no sabe calcular ni investigar las necesidades reales de los pensionados, al omitir gastos críticos como cuidados especializados, medicamentos que el sector salud no surte y el impacto desproporcionado de la inflación en alimentos de primera necesidad”, comentó el entrevistado.
Así mismo explicó que aún existen pensionados que sobreviven con ingresos mensuales de 3 mil pesos, cifra que se encuentra incluso por debajo del mínimo establecido por la ley.
“Mientras el Gobierno Federal celebra ajustes porcentuales, miles de adultos mayores quedan atrapados en un limbo administrativo y económico que vulnera su derecho a una vejez digna, por lo que exigimos una reestructuración profunda a los mecanismos de las Leyes 73 y 97 del Instituto Mexicano del Seguro Social”, concluyó el líder de los pensionados.
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