Por: Alfonso Pérez Daza

Una de las lecciones más trascendentes de la sociología jurídica es que el Derecho no actúa en el vacío, sino que depende de un complejo contexto social que influye en su aplicación. Por esa razón, cada sociedad se otorga un marco jurídico propio, cuya observación depende de las tradiciones, cultura y grado de desarrollo institucional que posea dicha comunidad política. Por ello, no basta diseñar determinadas disposiciones legales para regular las conductas sociales, también es necesario que la ciudadanía las haga propias, de acuerdo con su experiencia histórica y valores, que su cumplimiento sea viable y que las autoridades encargadas de velar por su vigencia sean las primeras en acatarlas.

El pasado domingo, Morena celebró un proceso a nivel nacional para la designación de integrantes a su congreso interno. Aunque la prensa documentó hechos de violencia y acarreo de votantes, es muy pronto para concluir los resultados. Observamos cómo la carrera adelantada por la sucesión presidencial comienza a impactar negativamente, no solo a la oposición que acusa actos anticipados de campaña, sino a la propia agenda del Gobierno y al desempeño de otras instancias, como el Poder Legislativo.

Son muchas las decisiones y pendientes que deben pasar por la discusión parlamentaria. No obstante, en vez de que las fuerzas políticas intercambien planteamientos y negocien propuestas, la sucesión adelantada ha instaurado una abierta lógica de campaña, en donde los ataques y la polarización se han impuesto a la construcción de acuerdos. Desde ahora, por ejemplo, los partidos de oposición han amenazado con una “moratoria constitucional”, según lo cual rechazarán cualquier propuesta de reforma que provenga del Ejecutivo federal. La parálisis legislativa es un claro ejemplo de los efectos negativos de una sucesión presidencial adelantada.

Históricamente en México está demostrado que en la lucha por el poder se utilizan todos los medios a disposición, incluso los que están en los márgenes de la ley. Por eso no sobra insistir que la ética, la honestidad y el respeto de la legislación electoral deben ser la guía de cualquier proceso democrático en un estado de derecho.