México atraviesa por un momento muy peligroso en el que la legalidad ha dejado de ser un escudo ciudadano para convertirse en la espada sólo del verdugo. La convergencia de dos fenómenos aparentemente aislados revela la consolidación de un régimen de dictadura. Este régimen no necesita tanques en las calles; le basta con el control absoluto del presupuesto y la narrativa.

Lo anterior viene al caso, en primer término, dada la reciente facultad que se ha concedido a la UIF para intervenir y cancelar cuentas bancarias sin una orden judicial previa, lo que representa la estocada final al debido proceso. Es decir, que, bajo la excusa del combate a la corrupción, ahora el régimen se permitirá el despojo financiero como una medida cautelar que, en la práctica, funcionará como una sentencia anticipada.

​Al eliminar la intervención de un juez y la necesidad de pruebas contundentes antes del bloqueo, el Estado adquiere la capacidad de asfixiar civilmente a cualquier disidente. Esta arbitrariedad financiera es el mecanismo de control más eficaz de una dictadura moderna: no se requiere encarcelar al opositor si se le puede borrar del sistema económico con plumazo administrativo. O lo que es lo mismo, en esencia es, la institucionalización de la extorsión política.

​En el otro extremo de esta realidad convergente encontramos la respuesta de la Presidente ante las denuncias de la ONU sobre la crisis de desaparecidos en la cual, en lugar de asumir la responsabilidad del Estado y coordinar una búsqueda efectiva, la mandataria ha optado por el atrincheramiento ideológico, anteponiendo el falso orgullo nacional sobre la dignidad de las víctimas.

Y es que, al descalificar los informes internacionales, la presidente envía un mensaje claro: la imagen del régimen es más sagrada que la vida de los ciudadanos. ​Esta actitud no es solo una falta de empatía; es un componente vital de la dictadura institucional. Un Gobierno que se siente por encima de los organismos internacionales y que ignora el clamor de las madres que buscan a sus hijos, es un Gobierno que ya no rinde cuentas a nadie, y cómo no, si para este régimen, las víctimas son estadísticas incómodas que empañan un proyecto político que se pretende infalible.

Así pues, con solo estas dos circunstancias los mexicanos debemos intentar concluir sobre la verdadera cara de estos que ahora nos gobiernan, para lo cual es necesario respondernos la siguiente pregunta: ​¿Cómo podemos resumir dos temas como el bloqueo arbitrario de una cuenta con el desdén hacia los desaparecido? Y la respuesta ineludible es: “la erosión de los derechos humanos”. Mientras la UIF elimina el derecho a la propiedad y a la defensa, la indiferencia presidencial elimina el derecho a la verdad y a la justicia.

​Estamos ante un sistema que ha aprendido a utilizar las instituciones para desmantelar la democracia desde dentro. La dictadura institucional se alimenta del silencio y de la desprotección del individuo frente al aparato estatal. Cada cuenta bloqueada sin juicio y cada desaparecido ignorado son ladrillos en la edificación de un absolutismo que, disfrazado de voluntad popular, nos arrebata el país día con día. México ya no solo lucha contra la inseguridad; lucha contra un Estado que ha decidido que su permanencia en el poder vale más que la libertad y la vida de sus gobernados.