Como una política de deslinde entre el modelo económico anterior (neoliberal) y el suyo -y de tratar de borrar todo vestigio de la Administración Pública pasada (2012-2018), el actual Presidente de la República decretó en abril del año pasado (2019) la desaparición de las siete Zonas Económicas Especiales (ZEE), diseñadas para detonar el crecimiento económico de algunas entidades federativas del país, particularmente del sur sureste.

Se consideraban clústeres industriales y tecnológicos apoyados con incentivos fiscales e inversión privada, y se estimaba que la inversión del conjunto de los proyectos podría generar más de 350 mil empleos. Las causas de la cancelación del proyecto fueron escuetas, una de ellas se atribuyó a la corrupción. En aquel entonces, un funcionario público de baja jerarquía burocrática dijo que las ZEE serían “reemplazadas” por parques industriales ubicados en el Istmo de Tehuantepec, aunque eso no ha sucedido hasta la fecha.

Al iniciar 2019, se creaba la Zona Libre de la Frontera Norte en los estados que colindan con la frontera estadunidense. De los 43 municipios que conforman el territorio “beneficiado”, ocho pertenecen a Coahuila. Las políticas fiscales formuladas por la Secretaría de Hacienda se centraron en reducir el impuesto al consumo (IVA): los residentes de esa zona pagarían 8% en sus transacciones comerciales, mientras los ciudadanos del resto del país seguirían contribuyendo al fisco con 16% del valor de sus compras.

Por otro lado, el impuesto al ingreso (ISR) bajaba a 20% en relación con el nacional, que supera 30 por ciento. En cuanto al salario mínimo por día, se fijaba en 176 pesos, cifra superior en más de 40% al mínimo nacional. Además, en un futuro cercano se consideraba la homologación en las tarifas eléctricas y precios de las gasolinas y diésel con las que pagan los consumidores en las ciudades americanas fronterizas. Se consideraba que al desaparecer las asimetrías, sobre todo en los precios de los combustibles, disminuirían los incentivos para que las familias en México consumieran en Estados Unidos y así aumentaran las ventas en la zona mexicana. Y por otro lado, que las empresas localizadas en esa región fueran más competitivas, al menos en reducir sus costos en energía eléctrica.

Una de las etapas o fases en los procesos de planificación, es la evaluación de los programas, en los horizontes de tiempo que se consideren más apropiados, respetando los periodos de maduración de los proyectos. Meses después de la formación de las ZLFN, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) llevó a cabo una investigación de cómo estaba impactando el aumento salarial  en el nivel de empleo de la zona. Uno de los resultados fue que la tasa de crecimiento del empleo, según los datos que mostraba el IMSS, no había disminuido, llegando a la conclusión de que no siempre aumentos salariales provocan inflación y desempleo. Además, investigadores indicaron que el poder adquisitivo de los trabajadores se vio favorecido con el incremento en sus ingresos, que fue superior a 6%, en referencia a los asalariados del resto del país.

Si se abre más la perspectiva para el análisis, se podrían enriquecer futuros estudios sobre esa temática, y más ahora que se pretende llevar ese programa a algunos estados de la frontera sur del país. En primer lugar, sin dudar de la capacidad y ética de los involucrados en el desarrollo del trabajo, se debe tomar en cuenta que la Conasami depende de la Secretaría del Trabajo, que obviamente es un ente oficial, y considerar un lapso más amplio. El mediano plazo puede ayudar a ratificar los resultados obtenidos en el primer trabajo, o a invalidarlos. Segundo, al incorporar al Gobierno de cada estado en el estudio, en cuanto al comportamiento de la tasa de crecimiento de los ingresos fiscales antes y después de las ZLFN, sería un indicador útil para evaluar con más profundidad dicha región.