Coincidentemente, en el comienzo de la segunda mitad del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, etapa en la que se predecía la consolidación de un nuevo régimen antidemocrático en México el pasado lunes, el Gobierno federal emitió un inédito decreto por el cual ordena a todas las secretarías federales aprobar inmediatamente cualquier proyecto de obra pública que considere “de interés público y seguridad nacional”. Lo anterior con independencia de que dicho proyecto cumpla o no con las implicaciones ambientales, de responsabilidad civil o penal, o incluso, si las mismas son o no viables o de beneficio para la sociedad.

Con este decreto el Presidente ordena a las secretarias de Estado emitir inexcusablemente y en cinco días una aprobación “temporal” con duración de un año por lo menos, para que el Gobierno empiece a construir lo que quiera construir; y ya después de ese año, las secretarias involucradas podrán, si quieren, dar su aprobación definitiva, la que ya de nada servirá dado que las obras ya habrán comenzado.

Es evidente que López Obrador emite este excesivo decreto para asegurar la construcción de sus grandes proyectos, los cuales se encuentran detenidos dadas las afectaciones que en materia de medio ambiente y presupuesto representan para el pueblo mexicano, por lo que han sido detenidas y cuestionadas por sus propias secretarias, las que parecieran intentan por cualquier vía no ser partícipes de sus excesos.

Para quien dude de lo anterior, le comento que como ejemplo está la construcción del llamado Tren Maya de mil 500 kilómetros (950 millas) de longitud que recorrerá la península de Yucatán, el cual tendrá que afectar de varias maneras a diversas áreas de comunidades indígenas, selva, vida silvestre y sitios arqueológicos. Este proyecto se aprobó de forma expedita sin que se realizaran suficientes consultas, estudios de viabilidad ni de impacto ambiental, lo que lo hace enfrentar diversas controversias con el INAI, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Turismo, todas del orden federal, y hasta con el Senado de la República, lo que precisamente quiere evitar el Presidente con este excesivo decreto.

Así pues, y por si la anterior acción fuese poca prueba de la intención del Presidente de darle un giro al sistema de Gobierno de nuestro país, es necesario mencionar que este nuevo decreto presidencial, que por cierto está firmado por casi todos los secretarios de su Gabinete, extrañamente clasifica como acciones de seguridad nacional la realización de todas las obras que se realicen en este sexenio, pero además, las mismas serán encargadas al Ejército Mexicano, lo que sin duda implica la intención de militarizar la política en lo absoluto, y es que según la excusa del Presidente, son los militares los únicos que le dan resultados.

Desde el punto de vista constitucional el decreto presidencial pudiera no funcionar, sin embargo, con el mismo, el Presidente cada día más evidencia su proclividad de convertir su Gobierno en una verdadera dictadura o en el peor de los casos, descubre con sus acciones la intención de cumplir con la promesa de que a partir de su tercer año de Gobierno empezará a consolidar las bases para establecer un nuevo régimen de gobierno que desde luego se prevé será bastante contrario al sistema democrático que siempre hemos añorado.