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Una reforma fugaz

Por Ricardo Torres

Hace 1 mes

Fue en el 2019 cuando la primera legislatura federal conformada de manera paritaria en México aprobó una reforma constitucional que obliga a todas las instituciones políticas a incorporar la figura de equidad de género en todas sus asignaciones. Con esta reforma al Artículo 41 de nuestra Constitución Política nacional, todos los nombramientos de los titulares de las secretarías federales y de todas las entidades federativas deben garantizar ese principio de paridad.

Desde entonces, se estableció que los partidos políticos observen ese principio de igualdad de género en sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular. Por esa causa, los partidos en cualquier elección, ya sea gubernamental o municipal, deben postular cuando menos en la mitad de sus candidatos a figuras femeninas. Por ejemplo: si se participa en dos estados, habrá que impulsar la candidatura de una mujer por lo menos.

Para el caso de las elecciones del próximo año, en el Estado de México y Coahuila, los partidos políticos deberán contemplar la obligación de postular en cualquiera de estas dos entidades, a cuando menos una mujer, ya que de no hacerlo se violaría ese principio constitucional de participación con igualdad de género. Es decir, en las elecciones 2023 en estos dos estados, los partidos políticos deberán postular una candidata mujer en el Estado de México y un candidato hombre en Coahuila, o viceversa.

Ante esta disyuntiva, se hacía difícil en Coahuila garantizar la postulación de una figura masculina para el puesto de gobernador en la elección próxima del 2023, al menos no hasta en tanto no se tuviera la certeza de que se postulará a una candidata mujer en el Estado de México, esto para cualquier partido, lo que a la fecha no se ha definido.

Quizá por lo anterior, en diciembre pasado, en Coahuila, los legisladores se dieron a la tarea de aprobar de manera repentina e inmediata, una novedosa reforma a nuestra Constitución local, misma que permitía prorrogar la aplicación de esa obligación paritaria seis años más, con lo que prometía que, para el 2029, de manera inexcusable, los partidos políticos nacionales y locales propondrán solo mujeres, garantizando con esto que fuera electa una de ellas como gobernadora, en ese 2029.

Con la anterior reforma local, los legisladores coahuilenses creyeron garantizar que el candidato a la gubernatura de Coahuila en la elección 2023 podía, sin problema alguno, ser varón, independientemente del sexo de la candidatura en el Estado de México. Lo anterior, sin imaginar que a una ministra de la Suprema Corte de Justicia se le ocurriría anunciar su intención de adelantar en Coahuila la aplicación de esa reforma tan eficaz en materia de paridad de género. Es decir que, para ella, debía ser desde esta elección 2023 obligatorio para todos los partidos políticos proponer solo candidaturas femeninas.

Esta intención de la ministra sonó como amenaza en nuestro estado, por lo que de manera urgente el Poder Judicial declaró inválida la tan paritaria reforma, argumentando para ello causales sin sentido, pero con mucha intención. Así pues, sin esta reforma fugaz, quedamos como al principio. Y con la enseñanza quedó la obligación de los partidos de dar resultados, ya que solo así asegurarán votos, en cualquier elección, independientemente del género de sus candidatos.

 

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