Ciudad de México.- El aporte económico de la minería a cielo abierto, tanto en términos productivos como de recaudación fiscal, es marginal, mientras que sus costos ambientales y sociales son muy elevados, advirtieron organizaciones civiles, académicos y comunidades afectadas.

Al pronunciarse a favor de la aprobación del proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo federal para prohibir en el país ese tipo de minería, remarcaron que las empresas del sector con proyectos en operación deben asumir la remediación de los sitios en que han abierto tajos.

La minería a cielo abierto, sostuvo en rueda de prensa Beatriz Olivera, codirectora ejecutiva de Engenera, aporta apenas poco más del uno por ciento del Producto Interno Bruto nacional y solo 0.8 por ciento de la recaudación total del Gobierno federal.

Isidro Téllez, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, afirmó que la minería metálica representa solo 0.2 por ciento del empleo nacional, además de que el sector es altamente susceptible, en materia de puestos de trabajo, a los vaivenes de la economía mundial.

En el País, destacó, Carla Flores, especialista de CartoCrítica, hay alrededor 95 operaciones activas de minería metálica a cielo abierto, cuatro de de ellas en áreas naturales protegidas, que ocupan una superficie de 61 mil 172 hectáreas.

La industria minera solo aporta 1.45% del PIB, es una aportación marginal en comparación con todos los impactos a los derechos y al ambiente que genera esta industria extractiva.

Mientras que la minería a cielo abierto solo aporta el 0.2% del PIB – Beatriz Olivera, @Engenera_AC pic.twitter.com/4mFX490FP9

— Cambiémosla Ya (@cambiemosla_ya) September 5, 2024

Esas operaciones, advirtió, implican una gran ocupación territorial, deterioro de servicios ambientales y del paisaje, destrucción del hábitat de miles de especies y servicios ecositémicos, y misiones de partículas y gases tóxicos (nitrosos y dióxido de azufre) por detonaciones

Además, comentó, las minas a cielo abierto consumen grandes volúmenes de agua -mil 311 millones de litros al año tan solo en Buenavista del Cobre- y generan grandes cantidades de residuos tóxicos, incluyendo plomo, cianuros, sulfatos, mercurio y cadmio, altamente riesgosos para la salud y el ambiente.

Al relatar la experiencia de la comunidad de Cedros, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, con la operación de la Minera Peñasquito, filial de la empresa estadounidense Newmont y principal productora de oro en el país, Felipe Pinedo comentó que la apertura de la mina a tajo abierto implicó despojó de tierras y desplazamiento de población.

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Destruyeron además la farmacia viviente que representa la herbolaria que hay en el semidesierto y desplazaron a la fauna”, lamentó.

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Dejaron sin agua a todas las comunidades que se abastecían del manantial”.

El pasado 5 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso un iniciativa de reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución, que plantean, entre otras cosas, prohibir tanto el otorgamiento de concesiones como las actividades de exploración, explotación, beneficio, uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a cielo abierto.

La iniciativa fue avalada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 14 de agosto, al final de la pasada Legislatura.