Caracas, Venezuela.– El Gobierno de Venezuela confirmó este sábado su participación en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) programadas para el próximo 4 de mayo. El objetivo del Estado venezolano es exponer sus argumentos históricos sobre la disputa territorial de la Guayana Esequiba; sin embargo, Caracas dejó claro que su asistencia no implica la aceptación de la jurisdicción del tribunal ni de sus futuros fallos.

Una presencia “bajo protesta”

A través de un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo venezolano subrayó que la decisión de acudir a La Haya responde estrictamente a la necesidad de “mostrar ante el mundo la verdad” sobre sus derechos soberanos.

” “Venezuela acude a estas audiencias sólo para mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba”, dicta el documento oficial.

La administración de Nicolás Maduro reiteró que el proceso fue “incoado unilateralmente” por Guyana, nación que administra el territorio en disputa y que elevó el caso ante la CIJ en 2018 para validar el Laudo Arbitral de París de 1899.

El Acuerdo de Ginebra como única vía

Para Venezuela, la intervención de la CIJ carece de validez legal al considerar que el único instrumento jurídico vigente para resolver la controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Caracas sostiene que este tratado obliga a las partes a buscar un “arreglo práctico y satisfactorio” a través del diálogo bilateral, descartando la vía judicial.

– El origen del conflicto: La disputa se centra en una región de 160,000 kilómetros cuadrados, rica en recursos minerales e hidrocarburos.

– Postura venezolana: El país declaró nulo el fallo de 1899, alegando que fue una resolución viciada a favor de la entonces Guyana Británica.

– Postura guyanesa: El Gobierno de Georgetown defiende que la frontera actual es legítima y que la CIJ es el organismo competente para dirimir la disputa de forma definitiva.

Tensión en el tablero internacional

Esta nueva etapa en la CIJ ocurre en un contexto de alta tensión regional, dado el valor estratégico de los yacimientos petroleros descubiertos recientemente en aguas del Esequibo. El Gobierno venezolano sentenció que «jamás» renunciará al territorio, posicionando la jornada del 4 de mayo no como una defensa legal convencional, sino como una plataforma de denuncia internacional.