Morelia, Michoacán.– A nueve años de la violenta incursión policial en la comunidad purépecha de Arantepacua, un juez del Poder Judicial de Michoacán determinó vincular a proceso a cinco exservidores públicos detenidos la semana pasada. La resolución mantiene viva la exigencia de justicia por un operativo que dejó cuatro muertos, casos de tortura y decenas de víctimas de abuso de autoridad en 2017.

Los imputados y los cargos

Tras una audiencia que se prolongó por día y medio, el juzgador encontró elementos suficientes para procesar a:

– Marco Antonio “N”, Azahel “N” y Bulmaro “N”: Exagentes estatales señalados por homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura y delitos contra la administración de justicia.

– Jorge “N” y Carlos “N”: Quienes al momento de los hechos se desempeñaban como Director de Tránsito del Estado y Director del Agrupamiento para el Restablecimiento del Orden Público (AROP), respectivamente. Ambos enfrentan cargos por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

A los cinco implicados se les dictó prisión preventiva oficiosa y se estableció un periodo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Exgobernador y mandos en la mira

Pese a este avance, la Fiscalía General de Michoacán confirmó que aún restan 16 órdenes de aprehensión por cumplimentar. Entre los señalados como prófugos de la justicia destacan el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, junto a otros nueve exfuncionarios que no han sido localizados.

Contexto de una tragedia anunciada

Los hechos se remontan al 5 de abril de 2017, cuando un contingente de aproximadamente 400 elementos de seguridad estatal ingresó a la comunidad indígena. El operativo, que inicialmente buscaba recuperar vehículos retenidos por normalistas, derivó en una represión que cobró la vida de un menor de 16 años y un adulto de la tercera edad, entre otras víctimas.

Además de los fallecimientos, la recomendación de organismos de derechos humanos documentó que más de diez personas fueron golpeadas y al menos cuatro sufrieron tortura a manos de las fuerzas del orden bajo la administración de Aureoles Conejo.