Dejar sueltos a los gobernadores desde la primera alternancia fue un error que los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pagaron muy caro, pero el costo para el país resultó aún mayor. Las masacres, la corrupción, la impunidad y el poder de los carteles se dispararon en esos 18 años. Andrés Manuel López Obrador, quien ganó la presidencia a pesar de los mandatarios locales, conoce la historia y parece no estar dispuesto a repetirla, pero tampoco ha podido detener la espiral de violencia.

Los virreyes estatales —sobre todo del PRI y el PAN— están conscientes de su vulnerabilidad y de que AMLO no los necesita ni cederá a chantajes como lo hicieron sus predecesores. Menos aún, después del triunfo de Morena 11 estados este 6 de junio. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ideada por el PRI para imponerle condiciones a Fox, virtualmente ha desaparecido. La Alianza Federalista está en un impasse tras el desafuero y la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), quien perdió la mayoría en el Congreso local y las principales alcaldías en los comicios del domingo.

La disputa entre el Ejecutivo federal y los locales se dirimió en las urnas. De haber obtenido siquiera mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, la alianza Va por México (PRI, PAN, PRD) habría controlado el presupuesto en los tres próximos años y maniatado al presidente López Obrador. El escenario no se dio; pero incluso, de haber presentado, el Presidente advirtió que vetaría cualquier recorte a los programas sociales de la 4T. La coalición que ganó más estados también obtuvo mayor número de curules federales. Morena y sus aliados perdieron la mayoría calificada, pero conservaron la absoluta.

En la circunstancia actual y en su respectiva escala, los gobernadores tienen todavía más poder que el Presidente. Así lo advierte Germán Espino Sánchez en Gobernadores sin Contrapesos. El control de los medios de comunicación: “En la mayoría de los estados de la República aún se vive una concentración de poder en la figura del Ejecutivo local. Este ‘gran actor’subordina al resto de los poderes del estado: legislatura, Poder Judicial, medios de comunicación y grupos empresariales, etc.”. (SciELO; Espacio 4, 663).

En estados como Coahuila —dice el autor— resulta difícil “hablar de elecciones competitivas porque estos registran más de 85 años con gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”. Las transiciones democráticas nacionales han fortalecido “los autoritarismos” regionales, pues los gobernadores han procurado “que en las elecciones locales se consolide una mayoría legislativa de su partido”; y cuando no lo logran, negocian con la oposición el control del Congreso. Con esta mayoría pueden “controlar la elección de los magistrados del Poder Judicial”, apunta. El estudio de Espino comprende la primera década de este siglo, pero las condiciones actuales son las mismas e incluso más rígidas.

Precisamente el Congreso de Tamaulipas, dominado por el PAN y el PRI, le ha permitido al gobernador García Cabeza de Vaca aferrarse al cargo con uñas y dientes. El 17 de mayo en Torreón, donde pidió perdón al pueblo de China por la masacre de 303 compatriotas en 1911, AMLO advirtió que la Fiscalía General de la República debería detener al Mandatario panista acusado de blanqueo de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, pues ya había perdido la inmunidad. La nueva legislatura estatal, con mayoría de Morena, se instalará el 1 de octubre próximo. Es probable que entonces Cabeza de Vaca ya no sea Gobernador.