Ciudad de México.- El ex Gobernador de Chihuahua César Duarte recibió moches en efectivo de los proveedores del Estado a través de contratos, algunos de ellos con sobreprecio, señalan investigaciones de la Fiscalía estatal.

Testigos protegidos y altos funcionarios de su Administración, como el ex Contralor Raúl Arturo Chávez, revelan una “estructura de corrupción” que permitió pagos inflados hasta de 400 por ciento en contratos cuya asignación era controlada por el Mandatario, según la carpeta de investigación 19-2017-07029.

Con el nombre clave de T701/2017, un testigo colaborador que ocupó un alto cargo en el sexenio anterior explicó el funcionamiento de las operaciones e identificó a Sergio Medina y Antonio García Tarín, ex directores de Adquisiciones, como los operadores clave de Duarte.

“Algunas veces el operador intermediario con altos sobreprecios entregaba un porcentaje o montos determinados directamente al ex Gobernador y sus cercanos.

“En los casos de empresas creadas para generar facturación sin servicios (empresas fantasmas), éstas operaban en su recuperación de manera directa por el Director General de Administración y su equipo más cercano. El mecanismo de cobranza se realizaba a través de los diversos operadores externos señalados, y la entrega de recursos en efectivo eran trasladados y entregados al ex Gobernador y su grupo cercano”, dijo el testigo.

El mismo testimonio señala a Duarte de ordenar un desvío de 250 millones de pesos desde las Secretarías de Hacienda y Educación para el proceso electoral de 2016, en el que el PRI perdió la gubernatura.

“Duarte (…) nos manifestó que era necesario obtener del erario 250 millones de pesos, aduciendo que serían de utilidad para los tiempos electorales que se avecinaban.

“Al ponerse de acuerdo del mecanismo para poder obtener el recurso señalado, el ex Gobernador tomó la decisión de que fuera a través de la Secretaría de Educación, por lo que le encargó a Antonio Tarín García (ex director de Adquisiciones) y Gerardo Villegas Madriles (ex director de Administración) operar tal desvío”, dijo el testigo.

De acuerdo con el testimonio, durante el Gobierno de Duarte los desvíos y fraudes al erario se convirtieron en una rutina por la suficiencia presupuestal, pues de 2012 a 2016 los recursos del estado fueron superiores a 200 mil millones de pesos.

Un área clave de la corrupción, según el testigo, fue la Dirección de Adquisiciones, que del 2010 al 2013 estuvo a cargo de Sergio Medina, y del 2013 al 2016 de Antonio García Tarín, quien ahora busca tomar posesión como diputado federal y obtener el fuero.

“Ellos, además de ser familiares de César Duarte, mantenían con él una comunicación directa y cercana que los llevó a desarrollar negocios personales en su beneficio, con fondos del erario público.

“Dentro de esos negocios se encuentran, para el caso de Antonio Tarín García, un restaurante bar ubicado entre Mirador y Ortiz Mena, enseguida del Deportivo Lince, en Chihuahua, Chihuahua, y la adquisición de diversas propiedades y departamentos en las ciudades de México, Parral y Chihuahua”, señaló el colaborador.

Raúl Arturo Chávez Espinoza, quien fue secretario de la Contraloría, afirmó que la Administración pasada exigió validar el pago a proveedores con precios cuatro veces superiores al promedio del mercado.

Fue el caso de un contrato de software denominado Sistema Integral de Trámites y Movimientos del Personal del Subsistema Estatal, por el que se pagaron 90 millones de pesos, cuando su valor real es de 15 millones, según documentos de la acusación.

Además, los testimonios refieren que el Gobierno de Duarte trató de blindar los contratos irregulares de su Administración para evitar problemas legales al término de su periodo, mediante la contratación de un servicio de asesoría para regularizar la documentación de los gastos, sin embargo, éstos son hoy materia de acusaciones penales.

Las maniobras

Con base en este testimonio, en el Gobierno duartista muchas empresas fueron creadas de manera expresa para recibir adjudicaciones bajo tres variantes.

Una era contratar servicios reales con sobreprecios que generaran márgenes de “recursos entregables”, es decir, un porcentaje de dinero para los funcionarios.

Otra era pagar por servicios o productos inexistentes, es decir, que nunca serían entregados, generando recursos directos para los diversos operadores duartistas, tanto de la estructura de gobierno como cómplices externos.

La tercer vertiente eran las adjudicaciones directas y pagos por adelantado sin procedimiento, que después se validaban hasta con licitaciones simuladas donde ganaba la empresa que ya había cobrado.

La maniobra consistía en que el Gobierno validaba los montos, después de pagar, y cuando ya “legalizaba” el trámite cobraba su porcentaje al proveedor.