Huffingtonpost | Ciudad de México.- Aunque la corrupción de funcionarios públicos ha acaparado los reflectores en el último año, los expertos en el combate a la corrupción consideran que el sector privado y empresarial está inmerso en la trama de corrupción e impunidad que llevamos padeciendo en las últimas dos décadas.

“Los escándalos de corrupción en el mundo llevan el nombre de las empresas. Hace 15 año llevaban el nombre del funcionario y ahora se llaman como las empresas. Hay una sola forma de corrupción en redes, que siempre llega a los particulares y las empresas”, señala Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Mexicana.

En México, 43% de las empresas en México han dado sobornos, de acuerdo con el informe La anatomía de la corrupción, editado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

México también se ubica entre los tres países señalados por Transparencia Internacional que hacen “poco o nada” por perseguir delitos de corrupción corporativa, de acuerdo con datos de 2015.

Además, el 32% de los directivos mexicanos reconocieron estar dispuestos a permitir que se ofrezcan pagos o justificar la alteración de estados financieros para ganar un negocio, según datos de la consultora EY en 2014.

“La corrupción es el sistema y ese es el probelma a que nos enfrentamos”, afirma Daniel Lizárraga, director de periodismo de investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, parafraseando a Gabriel Zaid.

“Cada vez que estamos desarrollando un tema, nos damos cuenta, con mayor frecuencia, que desde la trinchera periodística tratar de señalar algo ilegal es muy difícil, porque pareciera ser que muchos reglamentos, sistemas, tienen tantos recovecos y están tan chuecos que cualquier funcionario o implicado puede salir a decir: sí, me lo robé; sí, cometí una irregularidad, pero fue legal”, agrega el periodista que coordinó la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto para Aristegui Noticias.

Y esto fue posible, según Bohorquez, a que “nuestras instituciones estaban diseñadas para proteger o fomentar la impunidad.

“Odebrecht es todavía un asunto más interesante porque es un delito confeso. A mediados de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia hace público un acuerdo extrajudicial en el cual la empresa reconoce haber pagado 10.5 millones de dólares a una serie de funcionarios o personas que viven en México, que no revelan porque es parte del acuerdo extrajudicial. Ya no es que no haya iniciado una investigación alguien o discutiendo versiones periodísticas. Es un delito confeso. El que lo perpetró ya nos dijo que lo hizo.

“Para eso cambiamos la Constitución en 2015, para que ya no sea necesaria una denuncia. En la Constitución está que la corrupción se persigue de oficio”, apuntó Bohorquez.

Se calcula que los actuales niveles de corrupción y deuda pública acaparan 20% del PIB de México durante 2016.