Ciudad de México.- Si se les pregunta a los residentes West Frankfort, ubicado entre minas de carbón, sobre la decisión del Presidente Donald Trump de tomar medidas severas contra inmigrantes indocumentados, la mayoría no expresa inconvenientes.

Trump, quien ganó sin problemas en ese condado mayoritariamente blanco del sur de Illinois, está haciendo lo que prometió, dicen.

Pero entonces, se llevaron a Carlos.

Según The New York Times, Juan Carlos Hernández Pacheco, conocido como Carlos por la gente en West Frankfort, tiene una década de ser gerente de La Fiesta, un restaurante mexicano en la ciudad de 8 mil habitantes. Y hay una lista de todas las cosas por las que la gente le conoce.

Como el hecho de que una noche el otoño pasado, cuando el Departamento de Bomberos luchaba contra un incendio, Hernández apareció de pronto con comida para los bomberos.

Como la forma en que organizó un Día de Aprecio a Agentes de la Ley en el restaurante el verano pasado, al tiempo que los oficiales de Policía enfrentaban críticas por todo el país.

Como el hecho de que participaba en prácticamente todos los comités comunitarios o iniciativas de beneficencia: el Club Rotario, recaudación de fondos para cáncer, días de limpieza, incluso becas para los Redbirds, el equipo deportivo de la preparatoria y orgullo de la ciudad.

Pero el 9 de febrero, Hernández, de 38 años, fue arrestado por agentes de inmigración cerca de su casa, a poca distancia de La Fiesta, y llevado a un centro de detención en Missouri. Las autoridades federales confirmaron que estaba detenido, pero no comentaron sobre la razón precisa o el momento de su arresto.

Señalaron que Hernández tenía dos condenas del 2007 por manejar en estado de ebriedad, una circunstancia que podría darle mayor prioridad para ser deportado. Varios amigos dicen que cruzó la frontera en los años 90 y que había iniciado, pero nunca completó, los esfuerzos para legalizar su estatus.

El rotativo neoyorquino señala que al tiempo que Victor Arana, el abogado de Hernández, comenzó a presionar en los tribunales para que su cliente sea liberado bajo fianza hasta que el caso sea escuchado, la comunidad se ha unido para apoyarlo, al escribir súplicas de indulgencia a las autoridades que decidirán su destino.

Es una postura incómoda para un lugar como West Frankfort. El condado en el que se encuentra, Franklin, apoyó a Trump con un 70 por ciento de los votos, en gran parte con la esperanza, dice la gente del lugar, de que pueda darle un impulso a la industria del carbón, que ha decaído dolorosamente durante décadas.

La inmigración ilegal, dicen los residentes, no está entre los temas más apremiantes para la zona, cuyos habitantes son en su mayoría blancos.

Muchos dicen coincidir, en principio, con el deseo del Presidente de ser más agresivo en evitar la inmigración ilegal. Las cosas se volvieron más complicadas cuando ese principio se topó con una realidad específica de West Frankfort, en la forma de Carlos.

Arana dijo que el miércoles estaba programada una audiencia sobre el caso y que esperaba que Hernández pueda ser liberado bajo fianza mientras procede alguna acción legal.

Su esposa, Elizabeth Hernández, recibió la ciudadanía estadounidense a fines del año pasado, añadió Arana a NYT.

La pareja tiene tres hijos varones, el menor de apenas 2 años.

Tim Grigsby, dueño de una imprenta local y quien considera a Carlos uno de sus mejores amigos, explicó que aún votaría por Trump.

“Uno nunca está de acuerdo con todo lo que hace un político, pero quizás esto debería hacerse más en una base de caso por caso”, dijo.

“Es difícil ser blanco y negro en esto porque puede haber gente como Carlos”.