México.- Los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudib afirmaron que por “solapar” a los verdaderos servidores públicos ineptos, que no supieron, ni pudieron aportar evidencias lícitas y suficientes para condenar al homicida de la hija de Marisela Escobedo, Rubí Marisol, se abrirá un juicio político en contra suya.

Además confirmaron que pedirán asilo político a Estados Unidos, que jurídicamente no podrán ser juzgados y que exhibirán su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, los tres ejecutores advirtieron que toda resolución contraria a sus prerrogativas será invalidada por medio del amparo y explicaron que jurídicamente no podrán ser juzgados, a través de un escrito turnado a legisladores en el Congreso de Chihuahua.

“Pues para solapar a los verdaderos servidores públicos ineptos, como lo fueron en el caso los fiscales que no supieron ni pudieron aportar evidencias lícitas y suficientes para condenar a un imputado de un delito grave, se persigue a los resolutores, que no hicieron otra cosa más que aplicar la ley…”, indicaron en el texto que cita El Heraldo de Juárez.

Dijeron que ante la insuficiencia de los indicios presentados para probar la culpabilidad de Sergio Barraza Bocanegra su decisión fue aplicar la legislación creada para la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Señalaron que ahora esa determinación derivó en una persecución en su contra, mientras que el modelo judicial sigue operado por personal que no está cabalmente capacitado, incluidos los policías y fiscales que participaron en la integración del expediente en torno al asesinato de Rubí.

“Declaran que la incapacidad para reunir evidencia estuvo presente en el caso que atendieron y provocó su inhabilitación, así como en la resolución que el pasado miércoles emitieron los juzgadores que los sustituyeron en el Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial Bravos al decretarse la ausencia de responsabilidad en relación a tres homicidas múltiples”, consigna el diario.

Refirieron que por haber cumplido con lo estipulado en la legislación resultará improcedente el procedimiento administrativo iniciado por parte del Supremo Tribunal de Justicia, así como el juicio político que hoy estaría declarando procedente el Congreso del estado.

Explicaron los jueces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis jurisprudencial P/J 55/2004, indica que la Legislatura estatal se encuentra impedida para proceder con el juicio porque: “No pueden constituir materia del procedimiento las consideraciones jurídicas de una resolución emitida por un órgano jurisdiccional de los poderes judiciales estatales”.

En otras palabras, señalaron que no existe argumento entonces para que sean llamados a responder en forma personal o por escrito a la denuncia presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Esto último porque el Artículo 116 de la Constitución Mexicana señala que los congresos tienen que respetar la autonomía del Poder Judicial para resolver las acusaciones presentadas por la ciudadanía.

“De ahí que las consideraciones jurídicas de una resolución judicial no puedan analizarse a través de un juicio político porque ello implicaría vulnerar la autonomía del Poder Judicial de Chihuahua”, dijeron, añadiendo que el juicio que se pretende motivado por razones políticas será una invasión al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

Es por ese motivo que consideraron improcedente el juicio porque se violentaría la división de poderes, indicando que la negativa a aceptar esa realidad los llevará a solicitar la protección de la justicia federal a través de un juicio de amparo.

Como se anticipó de manera extraoficial, los jueces llevaron su caso a otra nación a través de la figura del asilo político, mientras que interpondrán una queja ante organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“En ese supuesto podríamos demostrarle al mundo que lamentablemente en nuestro estado no se respeta la independencia judicial, ni los principios de división de poderes, y que se juzga a los jueces con criterios políticos dados desde el Ejecutivo Estatal al Poder Legislativo de Chihuahua, en perjuicio de la justicia imparcial que debe impartirse para los ciudadanos”.

La activista Marisela Escobedo fue asesinada en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua cuando protestaba por el crimen impune de su hija.

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