México.- Mayor certidumbre para compradores del sector inmobiliario es el resultado del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

De acuerdo con dicho decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se refuerza la certeza jurídica que debe existir entre proveedores y consumidores, al desarrollarse los criterios para que estos últimos puedan hacer valer los derechos que la ley les otorga.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Antonio Morales de la Peña, recordó que las reformas aprobadas en el Senado en abril de 2007 fueron vetadas por el presidente Calderón.

Dichas modificaciones disminuían los derechos de los consumidores con motivo del incumplimiento de las inmobiliarias en la calidad y la entrega de los inmuebles.

El decreto en cuestión actualiza los preceptos que regulan temas tan relevantes como el inmobiliario y el de la bonificación a la que el consumidor tiene derecho en determinados casos de incumplimiento por parte de los proveedores.

El decreto establece que sólo en casos fortuitos o de fuerza mayor, plenamente acreditados por el proveedor, se podrá pactar una nueva fecha de entrega de una vivienda.

Con esta disposición, el consumidor obtiene una mayor protección al no ser objeto de retrasos en la entrega de su inmueble, a excepción de causas extraordinarias que deberán probarse.

Otro aspecto importante, es lo referente a que todo bien inmueble deberá ofrecerse al consumidor con la garantía correspondiente, la cual no podrá ser inferior a un año contado a partir de la entrega del bien.

Además, las reformas publicadas precisan y uniforman la regulación relativa a la bonificación, así como algunos aspectos procedimentales, con lo que se evitarán confusiones y problemas de interpretación con otras figuras o disposiciones jurídicas.