México, DF.- Los recursos de “la política pública de apoyo empresarial” ,destinados a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), prácticamente se quintuplicaron entre 2001 y 2013 al pasar de 2 mil millones a 9.9 mil millones de pesos y se prevé que suban 35.5 por ciento más hacia finales de sexenio.

Sin embargo, los resultados de dicha política demuestran “deficiencias” y “debilidades” pues sólo una de cada 200 mipymes logró unirse a una cadena productiva, una de cada 2 mil se desarrolló tecnológicamente y dos de cada millar se integraron al mercado externo, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El producto interno bruto (PIB) de México se estancó entre 2001 y 2013 porque en promedio sólo ha crecido 2.1 por ciento, pero la participación de las mipymes en la producción bruta de las empresas disminuyó a una tasa media anual de 3.5 por ciento al pasar de 49.8 por ciento que aportaban en 1998, a 34.7 por ciento en 2008 y a un estimado de 31.2 por ciento en 2013, asevera el organismo.

Los diversos fondos o fideicomisos que existen en la Secretaría de Economía (SE) para el sector a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes, antes Fonaes) y del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim) carecen de mecanismos que generen información suficiente “para conocer el impacto de sus acciones y su contribución al crecimiento económico”, así como la creación, consolidación y competitividad de las mipymes y la generación de empleos, señala.

La ASF asegura que la tasa de mortalidad de las mipymes es de 78.6 por ciento pues sólo la quinta parte de estos negocios sobreviven más de 37 meses y agrega que los programas para apoyarlas carecen de mecanismos que permitan priorizar los recursos públicos para mejores resultados.

Ello a pesar de que el Fondo Pyme, a cargo del Inadem incrementó su presupuesto a una tasa anual de 16.5 por ciento, mientras que los recursos para Fommur aumentaron 11 por ciento cada año, los de Pronafim 6.9 por ciento y los del Fonaes 3.8 por ciento.

Los programas de la SE también se enfocan a la capacitación de los microempresarios pero la ASF considera que les han dado “poca relevancia” porque los recursos al respecto disminuyeron a una tasa anual de 8 por ciento y se redujo el número de personas capacitadas por cada programa.

La Auditoría puntualiza que las autoridades tampoco tienen mecanismos que demuestren cuántas mipymes fueron creadas con los apoyos (créditos o subsidios) otorgados por el gobierno federal, ni el tiempo que sobreviven. “En Pronafim y el programa de microfinanciamiento a mujeres rurales (Fommur) se observa una deficiencia grave debido a que consideran que un microcrédito es igual a una microempresa creada, sin disponer de una metodología que permita acreditar dicha estimación”, sentencia la ASF.

En el país hay 5.1 millones de mipymes que contribuyen con el 34.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) y general el 73 por ciento de los empleos del país. Las microempresas representan 95 por ciento del grupo, lo que implica 5 puntos porcentuales por encima de los promedios registrados en los países de América Latina pero también en los asociados a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Las pequeñas empresas, a su vez, sólo son 3.5 por ciento del total, las medianas apenas 0.8 por ciento y las grandes 0.2 por ciento.

bs