Ciudad de Juárez.- El avance del Juicio Oral que se sigue a seis personas acusadas de secuestrar y asesinar a 11 mujeres cuyos restos óseos se localizaron en enero y febrero del 2012 en el Arroyo El Navajo, comenzó a estancarse debido a que el Ministerio Público no localiza a varios testigos.

Ayer la audiencia iba a iniciar a las 10 de la mañana pero se retrasó hasta las 11:30 para la búsqueda de tres o cuatro testigos. Una vez iniciada, el fiscal presentó como prueba, vía lectura, la autorización de cateo a una propiedad de Camilo del Real Buendía quien está acusado de los mismos hechos pero no forma parte de este juicio oral por un amparo que presentó y que no ha sido resuelto.

Algunos de los intervinientes señalaron que esa prueba fue introducida por el Ministerio Público sólo para ganar tiempo, ya que agentes ministeriales fueron enviados a buscar a los testigos.

El Juicio Oral que se sigue a seis personas acusadas de secuestrar y asesinar a 11 mujeres cuyos restos óseos se localizaron en enero y febrero del 2012 en el Arroyo El Navajo, comenzó a estancarse.

Ante la falta de un testigo se presentó una prueba documental durante la audiencia de ayer.

La lectura de ese documento tardó aproximadamente una hora y al finalizar, el fiscal Rodrigo Caballero Rodríguez le pidió a las juezas que decretaran un receso para reiniciar a las 2 de la tarde, cuando –dijo– podría ser posible que compareciera un testigo muy importante para el Ministerio Público, que había acudido en días anteriores y no fue llamado al estrado.

Esa solicitud fue aprobada por el Tribunal a pesar de la oposición de las abogadas defensoras, a quienes las juezas les pidieron tolerancia.

Pero al final no hubo éxito. El testigo, un pastor quien como parte de su compromiso religioso entregaba burritos en la Zona Centro y se esperaba que su aportación al juicio fuera identificar a varios de los detenidos y que narrara haber visto a las víctimas, no se presentó.

Por lo que se decretó un nuevo receso para reiniciar hoy a las 10 de la mañana.

Norma Ledezma, integrante de la organización Justicia para Nuestras Hijas y coadyuvante del Ministerio Público en este juicio en representación de cuatro de las víctimas, señaló que el personal de la Fiscalía se ha visto sobrepasado, pues no visualizó que varios testigos no iban a presentarse y no se prepararon para avanzar con otras pruebas.

“Son circunstancias que se van dando, que van sobrepasando la capacidad de la Fiscalía porque no se contempló con el debido tiempo esto, no se vislumbró y no se prepararon para llevar a los testigos; se confió que acudirían de forma voluntaria, hoy fue (ayer) un día perdido porque no se contempló una ‘opción B’”, afirmó.

La semana pasada un testigo fue llevado ante el Tribunal con el uso de la fuerza pública y otra persona que también iba a ser llevada por policías ministeriales no fue localizada. Fuente: El Diario de Juárez

Ayer algunos de los intervinientes señalaron que se están presentado al Tribunal de Juicio Oral pruebas que estaba previsto no desahogar por ser irrelevantes y que fueron ofrecidas –en una etapa anterior a un Tribunal de Garantía– pensando en que se autorizaran todas las pruebas que obran en los cerca de 70 tomos que conforman la investigación, sólo por si era necesario.

Ayer los acusados Jesús Hernández Martínez, alías “El Gordo Maloso”; César Félix Romero Esparza, “El Félix”; Édgar Jesús Regalado Villa, alias “El Piwi”; José Antonio Contreras Terrazas, “El Koyac”; Manuel Vital Anguiano, “Don Meny” y José Gerardo Puentes Alva, “El Gera”, sí fueron trasladados a la sala dos de la “Ciudad Judicial”, y únicamente escucharon lo relativo al cateo a una propiedad de Camilo del Real Buendía.

Al respecto, el fiscal Caballero Rodríguez refirió a las juezas que el Ministerio Público solicitó la orden para catear dos inmuebles, uno en la calle Gabriel Leyva número 5036 en la colonia Francisco I. Madero y otro en Vicente Guerrero número 381 interior 11, casi cruce con Constitución en la colonia Zona Centro, el 4 de junio del año 2010.

La orden fue aprobada por la entonces juez de Garantía, Dora Imelda Rodríguez Díaz y el 8 de junio del mismo año a las 20:00 horas el agente del Ministerio Público Julio César Ibarra y varios agentes ministeriales ingresaron al segundo de los inmuebles, a la supuesta agencia de modelaje de la calle Vicente Guerrero.

En ese lugar se aseguraron 80 fotografías, un álbum con 12 fotos, 322 solicitudes de empleo de personas del sexo femenino y 47 del sexo masculino, dos cuadernos, una tira de negativos y un recibo de Telmex.