México, DF.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vigilará el cumplimiento de los acuerdos encaminados a dar solución al caso de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California.

El seguimiento se dará, explicó la comisión, “a fin de que no se repitan las condiciones de explotación laboral contra personas que se encuentran en condiciones de pobreza, lo que es equiparable a una situación de esclavitud moderna”.

Asimismo, la CNDH considera que las fianzas millonarias impuestas a tres jornaleros, como consecuencia de los hechos del pasado 9 de mayo, deben ser revisadas pues se aprecian notoriamente desproporcionadas.

El organismo nacional aseguró reconocer que las partes hayan adoptado el diálogo como la vía para alcanzar una solución que beneficie a todos los involucrados, y que particularmente fortalezca los derechos fundamentales de los trabajadores del campo.

Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador general de la CNDH, participó como observador en la reunión convocada por el gobierno federal en Ensenada, Baja California, para dar respuesta a los planteamientos de los jornaleros. A ella asistieron funcionarios federales y estatales, legisladores, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, así como líderes sindicales y un representante de los empresarios.

Con independencia de los acuerdos logrados y en seguimiento a la investigación que mantiene abierta sobre este particular, la CNDH continúa con presencia permanente en la zona, con el fin de recabar evidencias sobre los hechos denunciados.

Personal de la CNDH ha visitado a jornaleros y entrevistado a distintas autoridades. Además ha documentado la situación de los heridos y detenidos tras los hechos violentos del 17 de marzo y 9 de mayo pasados, a efecto de determinar si existieron violaciones a sus derechos humanos. El mismo 9 de mayo fue solicitada la adopción de medidas cautelares a las autoridades locales.

De igual manera, ha requerido información, mediante sendos oficios, a las autoridades presuntamente involucradas como el gobierno del estado de Baja California, presidencia municipal de Ensenada, Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado de Baja California, Policía Municipal de Ensenada, Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, Instituto Mexicano del Seguro Social y Procuraduría General de la República.

bs