Lima.- Un proyecto de la filial peruana del Grupo México (Gméxico) para explotar dos yacimientos mineros a tajo abierto en la región de Arequipa, al sureste de esta capital, entró “en pausa”, después de 50 días de protestas de los habitantes de la región que temen por el daño ambiental derivado de la extracción y que han provocado al menos cinco muertos.

El anuncio de la posposición del proyecto, conocido como Tía María, fue hecho por Óscar González, presidente de Southern Copper, filial del GMéxico, propiedad del empresario mexicano Germán Larrea, después de un mensaje del presidente peruano Ollanta Humala, quien pidió a la empresa “manifestar su voluntad y tomar acciones para lograr desarrollo” y bienestar social en Arequipa.

“Hemos escuchado al presidente (Ollanta Humala) con el espíritu de recobrar el clima de convivencia pacífica que el país requiere, le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días”, declaró Oscar González.

Agricultores de la provincia de Islay en la región de Arequipa, mantienen una protesta desde hace más de 50 días contra el proyecto Tía María por el temor de que la explotación minera a tajo abierto contamine sus tierras. Las manifestaciones en contra, que se recrudecieron el fin de semana pasado, han dejado tres muertos, según algunas fuentes, y cientos de heridos. La agencia Dpa cifró en cinco el número de muertos durante la última semana en las protestas contra el proyecto.

Antes del anuncio de la “pausa” del proyecto, el presidente Humala había dicho en un mensaje transmitido por la televisión que el gobierno no tiene motivos para suspender Tía María porque tendría que hacer frente a acciones judiciales de la empresa y más bien le pidió llegar a acuerdos con la población.

Efecto ambiental

La minería de tajo abierto, como la que pretende practicar la empresa de Germán Larrea en Tía María, es la más peligrosa del mundo, según la agencia peruana Servicios en Comunicación Intercultural Servindi, que trabaja en comunidades indígenas en ese país.

El tipo de emplazamiento minero que pretende operar la filial peruana del Grupo México, además de contaminar el aire con emanaciones de cianuro, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, entre otros gases, lo que atenta contra la vida de los pueblos aledaños, produce grandes desequilibrios hídricos al elevarse el nivel de sedimento de los ríos producto de los residuos sólidos muy finos que pululan en el ambiente, al mismo tiempo que se afectan las aguas subterráneas o freáticas con las lluvias que caen sobre los reactivos, aceites y sales minerales residuales de los procesos de tratamiento, apuntó.

“Tía María es un caso emblemático de la afectación de una actividad económica próspera debido a las industrias extractivas. Este caso originó, en abril pasado, una contundente respuesta social de los productores agrarios de Cocachacra y sus familias, los mismos que se veían afectados directamente en su principal actividad económica, al ser marginados y excluidos del uso del agua subterránea necesaria para sus cultivos y que la minera pensaba usar en un principio. Y a pesar que ahora la Southern ha anunciado que va a usar el agua del mar (alternativa negada antes del conflicto social), el peligro sigue latente por la contaminación que, de todas maneras, ocasionaría la extracción de miles de toneladas de cobre al año. Y si bien se habla de tres mil 500 trabajos directos que se generarían a partir de la explotación de la Tía María, y los ingresos por regalías a la Región, los impactos económicos y sociales no la justifican”, consideró la agencia de comunicación.

El proyecto

Tía María supone para la filial del Grupo México un proyecto con valor de mil 400 millones de dólares. South Copper, una de las mayores productoras de cobre del mundo, pretende explotar dos yacimientos, “La Tapada” y Tía María”, ambos a tajo abierto. El primero es de 425.3 millones de toneladas y el segundo de 225.3 millones, de acuerdo con información de la compañía.

El Grupo México espera obtener del gobierno peruano la concesión para producir 120 mil toneladas de cobre a partir de 2017.

bs