Monterrey.- Autoridades locales y federales deben fincar responsabilidades por los delitos de peculado, tráfico de influencias y hasta usurpación de funciones en contra de los involucrados en el nuevo escándalo protagonizado por la familia del Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, demandaron panistas.

Legisladores e integrantes de la dirigencia nacional de Acción Nacional exigieron que se realice una investigación para determinar el involucramiento del padre del Mandatario, Humberto Medina Ainslie, en el control que ejerce sobre el Gobierno de la entidad y, en particular, sobre los recursos públicos que se manejan desde la Tesorería.

El senador por Nuevo León, Raúl Gracia, consideró que el padre del Gobernador podría haber incurrido en el delito de usurpación de funciones, al ejercer un cargo público para el que no fue nombrado.

Manifestó que, ante la desconfianza que existe frente al Gobierno local, la Federación debería intervenir de oficio para investigar los malos manejos y sancionar a los responsables.

“Estamos hablando de la confesión de lo que era un secreto a voces, pero lo publicado por REFORMA pone en evidencia lo que todo mundo sospechaba, que el padre del Gobernador es quien toma las decisiones”, dijo.

“Es imposible confiar en el Gobierno estatal, es urgente que el Gobierno federal inicie una investigación de oficio para que se finquen responsabilidades”.

Gracia demandó que el titular del Ejecutivo de Nuevo León rinda cuentas sobre los hechos, pero sin utilizar voceros.

“Debe dar la cara quien nos ha gobernado, que no mande a sus voceros a dar explicaciones”, aseveró.

Por otro lado, el coordinador jurídico de la dirigencia nacional del PAN, Eduardo Aguilar, consideró que el caso podría implicar la comisión de varios delitos, tipificados en el Código Penal del Estado.

Explicó que podrían configurarse los delitos de peculado, tráfico de influencias y responsabilidades administrativas de todos los servidores públicos que obedecieron las órdenes del padre del Gobernador, a pesar de que no contaba con facultades legales para ello.

“Esto es motivo de la comisión de muchos delitos, entre ellos, el de peculado, tráfico de influencias y responsabilidades de los servidores públicos que atienden las instrucciones de un familiar del Gobernador”, señaló.

Aguilar opinó que es necesario analizar, también, la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Ejecutivo estatal por permitir la intromisión de su progenitor en las decisiones de Gobierno.

“En primer lugar, debe intervenir la Procuraduría del Estado y también la Función Pública. Se deben realizar auditorías públicas al Gobierno para analizar los contratos de las empresas beneficiadas”, demandó.

REFORMA publicó que sin formar parte del Gobierno de Nuevo León, Humberto Medina ejerce su control en la Tesorería del Estado y en el Gabinete en general.

En varias dependencias, da órdenes sobre el manejo de los recursos y amenaza con despedir a quienes no lo obedezcan.

Su influencia en las decisiones concernientes a la Administración estatal quedan evidenciadas en una grabación en poder de REFORMA.