México.- Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la desaparición de 43 estudiantes en México anunciaron hoy que no entrevistarán a los militares del Batallón 27 ante la imposición de hacerlo por escrito.

Sobre la petición de entrevistar a 26 militares del batallón con sede en Iguala, los cuales, según familiares de las víctimas, pueden estar vinculados con lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, el Estado señaló que la solicitud debe ser atendida en el marco del proceso penal.

El grupo interdisciplinario aceptó en un primer momento, siempre que pudieran acompañar y sugerir preguntas durante la declaración, pero el 16 de agosto recibieron una respuesta definitiva donde se les obligaba a formular las preguntas por escrito y a no participar en la comparecencia, lo que ellos rechazaron.

“No vamos a entregarles el cuestionario, no tendremos control de cómo ni qué responden”, dijo el experto chileno Francisco Cox, en una rueda de prensa en el marco de la quinta visita del grupo interdisciplinario a México por el caso Iguala.

La noche del 26 septiembre del año pasado 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, presuntamente a manos de policías corruptos y miembros del cártel Guerreros Unidos.

La respuesta oficial a la solicitud de la entrevista fue que la presencia del grupo de la CIDH en los interrogatorios “pondría en riesgo la legalidad de la investigación”, indicó Cox.

Al cumplirse su mandato inicial de seis meses, el grupo de expertos presentará el 6 de septiembre sus conclusiones sobre lo ocurrido con los estudiantes, sobre las cuales no quisieran avanzar detalles hoy.

Sin embargo, los expertos dijeron que ya han solicitado al Gobierno ampliar su mandato para continuar con la investigación.

Además de Cox, el grupo está integrado por los colombianos Alejandro Valencia y Ángela Buitrago, el español Carlos Beristain y la guatemalteca Claudia Paz, y se formó como resultado de un acuerdo firmado por la CIDH con el Estado mexicano y los familiares de los estudiantes desaparecidos.

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