México, D.F.- El Gobierno federal podría convertirse en el aval de un número importante de deudas locales en el País, hasta por 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según establece la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios (LDF).

La propuesta de legislación enviada por el Ejecutivo señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá celebrar convenios con los gobiernos locales para que la Federación se convierta en un respaldo al momento de adquirir nuevos créditos.

“Esta garantía federal apoyará a los estados y municipios en una reducción sustancial de los costos financieros de su deuda pública, ya que dicha deuda tendrá la mayor certidumbre de pago y, consecuentemente, la más alta calidad crediticia”, señala la iniciativa.

Es decir, las deudas adquiridas por los gobiernos locales respaldadas por el Gobierno federal tendrían tasas de interés y plazos de pago más cómodos para las finanzas de los estados y municipios.

Los convenios a celebrarse entre los gobiernos locales y la SHCP establecerán obligaciones y metas específicas de responsabilidad financiera, de endeudamiento, rendición de cuentas y transparencia, detalla el documento enviado a los legisladores para su discusión y aprobación.

El documento señala que para mantener controlado el riesgo sistémico que la deuda local pudiera representar para las finanzas públicas del País, se propone que en ningún momento las deudas garantizadas por la Federación podrán exceder del 3.5 por ciento del PIB nacional del último año.

En caso de presentarse una caída del PIB, añade, el monto avalado será el equivalente al resultado del cierre del año anterior.

Asimismo, el límite de la deuda estatal garantizada por el Gobierno federal por estado y municipio será de hasta 100 por ciento de la suma de sus ingresos disponibles.

Para celebrar los convenios con la SHCP, los gobiernos locales deberán contar con la autorización de su congresos locales y, en su caso, de los ayuntamientos.

Todos los convenios aprobados deberán turnarse a una comisión legislativa, conformada por cuatro diputados y cuatro senadores, que formen parte de las comisiones de Hacienda en cada Cámara.

Cuando un estado o municipio no cumpla con el convenio ya no podrá optar nuevamente por una garantía de la Federación y deberá pagar el costo asociado al aval otorgado previamente.

Hacienda también podrá terminar anticipadamente un convenio si hay incumplimiento de alguna de sus disposiciones.

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