México.- Los 28 funcionarios, ex funcionarios, policías municipales y estatales detenidos en Michoacán eran presuntos miembros de redes que protegían al grupo delictivo “La Familia Michoacana”, informó el vocero de la PGR, Ricardo Nájera.

El fiscal de la federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) indaga conductas personales que pudieran considerarse como delito en la legislación penal, sin importar filiación o simpatía política alguna, precisó.

En conferencia de prensa, Nájera Herrera indicó que el “caso Michoacán” es resultado de una investigación que inició hace seis meses, la cual combinó capacidades de investigación policial y ministerial.

Estas fueron apoyadas en la sistematización de las indagatorias, el análisis y el cruce de información entre diferentes bases de datos.

El vocero de la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que este es un esfuerzo de colaboración nacional eficaz entre el fiscal de la SIEDO, la Policía Federal y el Ejército para desarticular las redes de protección usadas por “La Familia Michoacana”.

El funcionario comentó que estas acciones son parte del esfuerzo del Ejecutivo federal para que los ciudadanos recuperen los espacios geográficos donde el crimen organizado se vinculó con las autoridades locales para efectuar sus actividades con impunidad.

En las instalaciones de la SIEDO detalló que la investigación no está ligada con los hechos ocurridos el 15 de septiembre en Morelia, cuando detonaron varios artefactos explosivos.

Al preguntarle si existe alguna investigación contra el ex gobernador Lázaro Cárdenas Batel, indicó que no hay nada al respecto, aunque aclaró que las indagatorias continúan y de existir alguna responsabilidad serán presentadas otras personas sin importar su rango político.

Descartó que la investigación incluya al gobernador del estado, Leonel Godoy, y negó que se haya detenido a su hermano Julio César Godoy.

El vocero de la Procuraduría General de la República indicó que la presentación de los 10 alcaldes de Michoacán se hizo con apego a derecho y que el fuero del que gozan no se interpondrá en el proceso que se les sigue.

El funcionario federal aclaró que el fuero del que gozan es exclusivamente local, mientras que los delitos que motivaron la orden de localización y presentación es federal, por lo que en este caso el fuero queda sin efecto.

En rueda de prensa, abundó que a los presidentes muncipales se les detuvo, con otros funcionarios estatales, por su presunta colaboración para brindar protección a miembros del grupo delictivo denominado la “Familia Michoacana”.

Las personas detenidas son el ex director de Seguridad Pública de Michoacán y actual director del Instituto Estatal de Formación Policial, Mario Bautista Ramírez, y el coordinador de Asesores de la procuraduría estatal, Ramón Ponce Ponce.

Además los presidentes municipales de Apatzingán, Génaro Guízar Valencia; de Tepalcatepec, Uriel Farías Alvarez; de Buenavista, Osvaldo Esquivel Lucatero; de Uruapan, Antonio González Rodríguez; de Arteaga, Jairo Rivas Páramo, y de Coahuayana, Audel Méndez Chávez.

También rinden su declaración los alcaldes de Aquila, José Cortez Ramos; de Ciudad Hidalgo, José Luis Avila Franco; de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela; y de Tumbiscatío, Adán Tafolla Ortíz.

Asimismo Citlalli Fernández González, ex secretaria de Seguridad Pública de Michoacán y actual asesora del gobernador Leonel Godoy; el director de Fomento Industrial de Michoacán, Ricardo Rubí Bustamante; y el jefe de Agentes de la Dirección de Gobernación Estatal, Juan Gaona Gómez.

Otros indiciados son el director de Seguridad Pública de Arteaga, Victorino Jacobo Pérez; el director de Seguridad Pública de Tumbiscatío, Roberto Rubio Vázquez; las jefas de grupo de la Policía Ministerial de Morelia, Gabriela Mata Chávez e Irlanda Sánchez Román.

El encargado de la comandancia de Lázaro Cárdenas, José Lino Zamora Hernández; el primer comandante en Protección Ciudadana, Policía y Tránsito de Morelia, Noé Medina Martínez; y el primer comandante regional de Zitácuaro, Faraón Martínez Molina.

El director de Obras Públicas de Arteaga, Dionisio Salvador Valencia Palomares, y el jefe de grupo de la Policía Ministerial de Lázaro Cárdenas, Alfredo Ramírez García.

Además de los policías municipales de Lázaro Cárdenas, Antonio Sánchez Gaytán y Baldomero Morales Rivera; el juez de primera instancia en La Piedad y ex subprocurador de Justicia, Jaime Liera Alvarez, y el ex síndico del municipio de Lázaro Cárdenas, Abel Salazar Gómez.

Nájera Herrera señaló que estas personas fueron detenidas este martes por elementos de la Policía Federal y del Ejército como resultado de las tareas de investigación realizadas por el ministerio público federal adscrito a la SIEDO.

Precisó que una vez que estas personas rindan su declaración se determinará su situación jurídica y precisó que están a disposición del fiscal federal en virtud de que se cumplimentaron órdenes de localización y presentación por posibles vínculos con el crimen organizado.

El vocero de la PGR señaló que el gobierno federal continuará impulsando todos los esfuerzos que sean necesarios para recuperar las condiciones de paz, seguridad y justicia que exigen los mexicanos.