Ciudad de México.- Los amparos en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se empezarán a presentar desde hoy, día de su entrada en vigor, aparte de que se esperan arbitrajes internacionales por la violación a tratados comerciales, advirtió Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin).

Anticipó que los jueces le darán la razón a los consumidores inconformes debido a que ya hay antecedentes de ello, como la controversia constitucional interpuesta por Cofece en contra de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

“ Lo que le queda al consumidor privado es ampararse contra la medida y para esto, como ya se preveía que esto se iba a aprobar, estas empresas con sus despachos de abogados han trabajado para preparar los amparos. Estas modificaciones en la LIE lo que hicieron fue poner en ley muchas de las cosas que ya rechazaron. Ya existen suspensiones.

“ Entiendo que hay una buena cantidad de empresas que ya tienen armados los amparos que probablemente los van a presentar a partir del día de hoy y se tienen 30 días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial para la presentación de los amparos”, comentó Salinas en videoconferencia.

Salinas también anticipó que los senadores de oposición presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Además, es previsible que se inicien arbitrajes internacionales a través de los cuales los inversionistas afectados con esta legislación exigirán una indemnización.

“ Si cambias las reglas del juego eso es el equivalente a una expropiación indirecta. Si viene un inversionista e invierte bajo ciertas reglas y luego a la mitad de la vida de su proyecto le cambian las reglas, ese inversionista tiene protección bajo los Acuerdos de Protección Recíproca de inversión (APRIS), donde a través de procesos de arbitraje el inversionista puede pedir el ser compensado por esa afectación que está teniendo.

“ El resultado de esto no es que tengan que dar para atrás la reforma, sino que tengan que le tengan que compensar al inversionista por la pérdida que están teniendo”, describió Salinas.

Detalló que las inversiones que pudieran calificar en ese orden estarían por los 40 mil millones de dólares y la experiencia de estos arbitrajes es que lo que le ordenan los gobiernos es pagar alrededor de 80 por ciento más de lo que se invirtió.