La declaración de procedencia de la Cámara de Diputados contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delitos de corrupción, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada; la orden de un juez federal para detener al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda (PRI), bajo cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; y la investigación de la FGR contra el exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y su hija, la senadora Sylvana Beltrones, es un mensaje de la Cuarta Transformación a los ejecutivos locales —en funciones o en retiro—: “pongan sus barbas a remojar”.

En el primer caso, porque el Congreso reasume una facultad cedida al Presidente de turno, quien la utilizó arbitrariamente para castigar o vengarse de gobernadores contrarios a sus intereses (Carlos Salinas de Gortari separó del cargo a 17). En el segundo, porque abre la posibilidad de encausar a Humberto y Rubén Moreira Valdés, acusados de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada por Armando Guadiana, fundador de Claridad y Transparencia, y el exsenador panista Luis Fernando Salazar. Y en el tercero, porque reabre expedientes cerrados por la PGR en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto para obstruir la justicia y proteger a dos exlíderes del PRI (Moreira y Beltrones, exgobernadores de Coahuila y Sonora).

La pugna del sindicato de gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador aparenta ser por mayores presupuestos y en defensa del federalismo, pero su alcance y profundidad son mayores. De un lado, la 4T se propone romper las estructuras de poder, corrupción e impunidad en los estados, cosa que Vicente Fox no pudo, y Felipe Calderón y Enrique Peña ni siquiera intentaron, por debilidad y falta de legitimidad; y de otro, una minoría de gobernadores busca no solo preservar el “feuderalismo”, sino consolidarlo. El modelo ha sido bastante rentable para ellos y sus adláteres, pues les permite mantener el control político, económico y social, designar candidatos para todos los cargos y decidir sus propias sucesiones, pero resulta sumamente ruinoso para las entidades.

El temor de que López Obrador reinstaure la “presidencia imperial” (autoritaria) que le permitió al PRI monopolizar el poder y ejercerlo sin contrapesos, es fundado. Sin embargo, ante la falta de una autoridad superior que los someta, como antes de la alternancia era el Presidente, los Gobernadores son césares en sus estados. Su miedo consiste en perder privilegios y el control para tener en un puño no solo a los poderes legislativo y judicial, sino también a los medios de comunicación, al sector empresarial y a órganos cuya autonomía solo es nominal, pues quedarían expuestos. Los sistemas estatales anticorrupción protegen el flagelo en vez de combatirlo. La autodenominada Alianza Federalista (AF) trata a toda costa de amurallar cada una de sus islas.

Los comicios del 6 de junio dirán si la 4T avanza su agenda para limitar las gubernaturas imperiales o si estas ganan la partida e imponen condiciones sin sacrificar nada a cambio, lo cual parece poco probable. La permanencia en la Conago de 15 mandatarios del PRI y el PAN, algunos de regiones clave como Estado de México y Querétaro, debilita a la AF y favorece al Presidente. Los siete Gobernadores de Morena, entre ellos los de Ciudad de México, Veracruz y Puebla, han cerrado filas con López Obrador.

El desdén de 22 gobernadores hacia la AF no es de balde. Morena encabeza la intención de voto y no desean exponerse a ser investigados. Incluso críticos pertinaces y severos de AMLO, como Jorge Suárez-Vélez, Luis Rubio y Sergio Sarmiento (Reforma), aceptan a regañadientes que Morena podría ganar no solo el Congreso, sino la mayoría de las 15 gubernaturas, los 30 congresos y los casi 2 mil ayuntamientos en disputa. El triunfo del partido guinda no solo significaría el fracaso de la AF, sino el eventual enjuiciamiento de algunos de sus integrantes. La lista la encabeza Cabeza de Vaca.