Ciudad de México.- En los últimos dos años, la anhelada Ley Minera que por fin ponga a las comunidades y al medio ambiente por encima de las empresas, ha quedado en promesa y la legislación que opera es la que se aprobó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari mientras fue Presidente de la República (1988-1994), la cual fue elaborada en el marco de la puesta en marcha del otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Desde entonces, y aunque ha sido modificada en diversas ocasiones, el fondo es el mismo: tiene un claro beneficio para las empresas extractivas, acorde a la entrada de la política neoliberal en México.

Las razones para insistir en una nueva Ley van desde la importancia económica que tiene esta actividad, en la que México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial y en la cual está entre los diez principales productores de 16 diferentes minerales. Pero detrás de esto, esta industria ha generado que México encabece la lista de países con el mayor número de conflictos mineros en América Latina, con un total de 58 casos, de los cuales, 29 pertenecen a proyectos de minas canadienses, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

La mayoría de estos conflictos están relacionados con despojos de tierras, violaciones laborales de mineros, afectaciones a los recursos naturales de las comunidades e incluso asesinatos. El informe anual de la organización Global Witness reportó 18 homicidios ligados a conflictos socioambientales en México en 2019 y la minería fue señalada como la actividad más letal.

De acuerdo con Beatriz Olivera, Directora de la organización Energía, Género y Ambiente (Engenera), la actual Ley Minera es la que le ha permitido operar a las grandes empresas por sobre los derechos de las comunidades; la definió como “el instrumento que ha legalizado el despojo que han cometido estas empresas”.

En entrevista con SinEmbargo, comentó que actualmente hay una serie de propuestas para reformar: una de ellas prevé la modificación del artículo sexto de la Ley Minera, que les da prioridad a las actividades mineras sobre el territorio —excepto la extracción de hidrocarburos y la generación eléctrica—.

“Esta legislación empezó justo en la plena entrada del Neoliberalismo en la década de los 90 con la firma del TLCAN. En general toda la Ley Minera está compuesta por una serie de artículos para dar privilegios a las empresas mineras, al decir que son empresas de prioridad pública se les otorga la prioridad sobre el territorio y eso es muy grave porque atenta contra derechos de pueblos indígenas y otras actividades como la agricultura y usos ceremoniales en algunas zonas”, aseguró Olivera.

Esto quiere decir que si una empresa minera manifiesta interés en un territorio, por ley tiene preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.

De acuerdo con Jen Moore, investigadora afiliada al Instituto de Estudios Políticos con sede en Washington, legislar la actividad minera no es un objetivo sencillo, ya que la industria tiene un gran poder económico y protección política.

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Las empresas tienen mucho poder y mucho peso sobre los gobiernos y generalmente tienen una legislación hecha a modo para facilitar la destrucción y el despojo que vemos en donde se realiza esta actividad […] Si se quiere legislar realmente, tanto por los  grandes daños al medio ambiente, al tejido social, al desplazamiento, al despojo y por la violencia, se topa con las mismas cuestiones que se repiten en países como Canadá, que es la captura de gobiernos por las empresas, y un modelo también neoliberal que no da margen para un cambio a fondo”, comentó la investigadora.

Añadió que ese proceso de reforma a la ley no genera mucha esperanza, ya que ha enviado “señales débiles” en cuanto a lo que se pretende, ya que aunque se dice que no habrá más concesiones mineras, “al final no toca el fondo del problema y el alcance de lo que ya está instalado con 20 o 24 mil concesiones en todo el país y grandes conflictos y amenazas a pueblos enteros”.