Ciudad de México.- Tras casi cuatro años de investigaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emplazó a 18 empresas y a 31 personas físicas a presentar pruebas, alegatos y la defensa necesaria ante las imputaciones que se les hacen por supuestamente incurrir en prácticas de colusión en el autotransporte  terrestre de pasajeros. 

La Comisión inició el procedimiento seguido en forma de juicio en torno a una investigación que inició en 2017 en la que encontró “evidencias” de probable participación en acuerdos de colusión para fijar precios y segmentar mercados del servicio de autotransporte terrestre de pasajeros en las regiones del Centro, Centro-Sur, Sur-Sureste y en Tamaulipas.

Las colusiones, definidas en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) como prácticas monopólicas absolutas, son acuerdos entre competidores que, en lugar de competir por la preferencia de los consumidores, pactan para manipular precios, restringir o limitar la oferta o la demanda, dividirse mercados, concertar posturas en licitaciones, así como intercambiar información con alguno de los objetos o efectos anteriores.

Las empresas y personas físicas son “señaladas en el expediente IO-003-2017 por su probable responsabilidad en las conductas monopólicas referidas, estas podrán manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas para su defensa. Una vez realizadas estas manifestaciones, desahogadas las pruebas y presentados los alegatos correspondientes, el Pleno de la Cofece resolverá conforme a derecho”.

Las multas a las que se pueden hacer acreedores son de hasta 10% de los ingresos de los agentes económicos sancionados, en tanto que las personas físicas que participaron en la práctica ilegal pueden incurrir en delitos que los lleven a 5 o 10 años de prisión. La Comisión explicó que en el autotransporte federal se moviliza 96% de los pasajeros en todo el país, por lo que es importante que haya prácticas competitivas que permitan a los consumidores acceder a mejores precios por el servicio.