La influencia de los gobiernos estatales en los medios de comunicación proviene de la publicidad y de los contratos en otros sectores. “Cada administración tiene sus preferidos”, dice Jorge Espejel, de “Red es Poder”. Las empresas con mayor independencia y compromiso social —cada vez más escasas— están menos sujetas a ese influjo. A escala federal sucedía lo mismo. Desde la Presidencia de la República se orquestaban boicots contra medios “incómodos” e “irreverentes” como el periódico Excélsior de Julio Scherer, depuesto de la Dirección por Luis Echeverría.

López Portillo también arremetió contra el semanario Proceso, fundado y dirigido por Scherer, premio María Moors Cabot (1971): “No pago para que me peguen”, amagó a sus críticos en la “celebración” del Día de la Libertad de Prensa de 1982. La revista se vació de publicidad oficial y privada, pero subsistió gracias a los anunciantes fieles —incluidos algunos gobiernos estatales— y al ejercicio de un periodismo libre y plural. López Portillo figura entre los presidentes más repudiados, junto con Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, quien en su sexenio gastó 60 mil 237 millones de pesos en propaganda (Artículo 19), a pesar de lo cual su imagen terminó por el suelo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador recortó drásticamente el gasto en prensa, radio y televisión. El Gobierno y otros sectores atribuyen los embates de los medios de comunicación, columnistas e incluso intelectuales, a la cancelación de contratos. AMLO es de los jefes de Estado mexicano más denostados. La sección editorial de los diarios de Grupo Reforma parece estar dedicada al líder de la 4T. Sin embargo, existen bases suficientes para la crítica, pues no ha cumplido las expectativas. Además, AMLO reta casi a diario a los mass media y a los periodistas y escritores antagónicos.

Los gobernadores, en cambio, tienen buena prensa. Esta situación les permite contrastar sus gestiones con la del Presidente y salir bien librados. El “villano” siempre es AMLO, a quien se culpa de todos los problemas, incluso de los que competen a las autoridades locales. El fenómeno lo acentúan la pandemia de Covid-19 y las elecciones del 6 de junio en las cuales se nombrará nuevo Congreso, 15 gobernadores, más de mil 900 ayuntamientos y 30 legislaturas locales.

En el Gobierno de Humberto y Rubén Moreira (2005-2017) la relación con la prensa tomó otro giro. Como la sola influencia en la línea editorial de la mayoría de los medios de comunicación no bastaba, por temporal y tener demasiados trapos sucios que esconder, se pasó a la compra de estaciones, canales y publicaciones. Cadenas de radio, televisión y periódicos nacionales y extranjeros —con base en confesiones de empresarios mediáticos juzgados en Texas— han señalado a quienes desviaron recursos del erario para adueñarse de negocios y concesiones, en complicidad con gente del medio y a través de prestanombres.

Las operaciones no estuvieron exentas de conflictos y demandas. Incluso la habitación de pánico de uno de los exsocios del “moreirato” fue allanada por la PGR en el Gobierno de Peña Nieto.

Una de las debilidades aparentes del presidente López Obrador es su mala relación con la prensa tradicional, en la cual paradójicamente estriba la fortaleza de los gobernadores. Sobre el segundo caso existen varias tesis. Cito dos: 1) algunos medios de comunicación dejaron de pertenecer a sus dueños originales para pasar al control de políticos y mercenarios, quienes los utilizan para presionar, proteger intereses y permanecer impunes; y 2) la pérdida de liderazgo por el relevo generacional. El cambio de régimen emprendido por AMLO fracasará si no modifica las estructuras de poder en los estados.