Se trata, en cambio, de una modificación el cual se amplía el acceso de las mujeres embarazadas a beneficiarse de políticas públicas y, que resulten beneficiadas las personas no nacidas.

“

El artículo que fue aprobado (en comisión), lo único que señala es que se van a implementar políticas públicas para las personas no nacidas, no tiene un impacto en el Código Penal”, respondió González Loyola Pérez.

Ahondó que aún cuando Querétaro hubiera optado por blindarse sería imposible ir contra una normatividad superior, como la Ley General de Víctimas.

El propio artículo 2 constitucional establece que se protege a la persona desde la concepción, sin embargo, en una frase remarca “excepto cuando la ley lo permite” y la ley lo permite en dos causales en el Código Penal.

“Si una mujer llegase a decidir suspender su embarazo está una ley superior a la ley del estado, que es la Ley General de Víctimas, donde uno de sus derechos como víctima es la reparación del daño y dentro de la reparación es que ella pueda suspender”, expuso González Loyola Pérez.

Las dos causales por las cuales en Querétaro no se puede procesar penalmente a la mujer que aborta es cuando el embarazo fue producto de violación o cuando el aborto se generó por una situación imprudencial.

Por imprudencial se tiene, por ejemplo, que la mujer embarazada cargó un balde muy grande de agua y ese esfuerzo físico provocó que abortara. Ese acto no planeado no puede provocar que a la mujer se le sancione.

El movimiento feminista impulsa, desde hace años, que las causales se amplíen, para que se pueda abortar legalmente cuando la vida de la madre esté en riesgo y cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial sin voluntad de la madre.

También se quiere dar el derecho a las mujeres a suspender el embarazo antes de las 12 semanas de gestación, sin motivo para ello toda vez que la maternidad tiene que ser voluntaria y deseada.