Ciudad de México.- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, impugnó el fallo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mantiene el fuero al Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, contra la acción penal de la autoridad federal.

Gertz presentó este medio día ante el máximo tribunal del país un recurso de reclamación, contra el desechamiento de la controversia del Congreso de Tamaulipas contra la declaración de procedencia o desafuero del Mandatario estatal, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de abril.

El recurso dirigido al presidente de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar, ingresó a la Oficialía de Partes este lunes a las 12:14 horas.

La oficina de la Presidencia de la SCJN determinará si es desechado o turnado a la ponencia de un ministro, confirmaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

El pasado viernes, el Ministro Juan Luis González Alcántara desechó por improcedente una controversia del Congreso estatal contra la declaración de procedencia de Cabeza de Vaca, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de abril.

Paradójicamente, el desechamiento es un fallo a favor de la causa del Gobernador y a la intención del Congreso de Tamaulipas, pues González Alcántara dijo que éste ya resolvió que por ahora no procede procesar penalmente al Mandatario.

Incluso, el Ministro dejó en claro que las autoridades podrán proceder contra Cabeza de Vaca hasta que concluya su mandato como Gobernador, a fines del año entrante.

“ En estas condiciones, lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”, expuso.

Con este fallo, si la FGR acude a un juez federal a solicitar la aprehensión del Gobernador, su petición sería rechazada, pues prevalece el fuero que la Constitución estatal le garantiza, y que solo puede ser removido previo juicio político por la legislatura para su destitución.

En la indagatoria que llevó a la Fiscalía a solicitar su desafuero, a Cabeza de Vaca se le imputan los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal, sin embargo, la Cámara de Diputados sólo autorizó la acción penal por este último delito.

Enseguida, como parte del procedimiento, esta declaratoria fue turnada al Congreso local, que decidió rechazar el desafuero, resolución que reconoció el Ministro González Alcántara.