Oaxaca de Juárez.-  El Congreso de Oaxaca emplazó al Gobierno del Estado para realizar la creación del Registro estatal de niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad a consecuencia del asesinato de sus madres.

Lo anterior luego de que el 7 de julio pasado se aprobó una serie de reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, con la que se establece la obligación del Estado para que, por conducto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SE-SIPINNA), cree, actualice y administre dicho padrón.

La reforma consistió en la creación de un artículo transitorio segundo, establece que el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 90 días, una vez publicada la reforma en el Periódico Oficial del Estado, para emitir los lineamientos para determinar e integrar la información del registro estatal.

Datos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detallan que en la entidad, sólo de 2020 a abril de 2021 había 39 menores de edad considerados como víctimas indirectas de feminicidio, de los cuales, 20 son hombres y 19, mujeres.

Mientras que sólo de 2010 a la mitad de 2018, el Congreso local estimaba en 544 las niñas y niños que quedaron en desamparo; mientras que hasta septiembre de 2019,  130 menores de edad, cuyas madres fueron víctimas de feminicidio, recibían apoyo del gobierno estatal.

Esta reforma contempla como medidas de protección la implementación de un conjunto de acciones, programas y actividades institucionales orientadas a reconocer, proteger, garantizar, resguardar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes conforme a su interés superior, dirigidas a la prevención, atención, asistencia, restitución y reparación; con la finalidad de salvaguardar el libre goce y pleno ejercicio de sus derechos.

En el tema de la infancia y adolescencia en situación de calle, la modificación especifica que las autoridades estatales y municipales deberán habilitar espacios de alojamiento para este sector.

Asimismo, la Procuraduría Estatal de Protección y las Procuradurías de Protección Municipales implementarán acciones de asistencia y protección para atender a este sector poblacional, con la finalidad de que sus derechos sean plenamente reconocidos y garantizados.