Ciudad de México.- A partir del 1 de septiembre, todas las nuevas disposiciones en materia de subcontratación están vigentes y, con ello, las implicaciones penales en caso de simular servicios especializados o firmar contratos para suministro de personal, o bien, la aplicación de multas millonarias.

Con la suma de 2 millones 720 mil trabajadores contratados de manera directa y el registro de 65 mil de 120 mil empresas susceptibles de inscribirse en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), las autoridades laborales anunciaron la entrada en vigor del nuevo esquema de subcontratación laboral.

Obligaciones

Entre las nuevas reglas se establece que la subcontratación laboral o la simulación de los servicios especializados se equipara a delito de defraudación fiscal que puede ser castigado hasta con nueve años de prisión, según el Código Fiscal de la Federación.
Además, las facturas por concepto de suministro de personal o de subcontratación de servicios especializados que no cuenten con la inscripción al Repse pierden sus efectos para deducibilidad.

Durante el tiempo de transición, las empresas podían celebrar nuevos contratos de prestación de servicios especializados sin contar con el Repse, pero a partir de este 1 de septiembre todos los contratos de tercerización deben contar con el registro en el padrón público operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a fin de que que las facturas emitidas por los contratistas tengan efectos de deducibilidad y acreditamiento ante el ISR y el IVA.

Las modificaciones al esquema de subcontratación también incorporaron las multas por incumplimiento más elevadas en la historia de la legislación laboral. Al vencer el plazo de transición el 1 de septiembre, la empresa que preste o se beneficie de servicios especializados que no cuenten con el registro ante la STPS, puede ser sancionada con una multa de hasta 4 millones 481 mil pesos.

Asimismo, entre las nuevas obligaciones se encuentran los informes cuatrimestrales sobre los contratos celebrados que deben entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El 17 de septiembre es la fecha límite para entregar el primer reporte.

Confuso

La Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíbe expresamente la subcontratación laboral entendida como poner trabajadores propios a disposición de otra empresa. Sin embargo, los lineamientos del Repse indican que los servicios especializados son aquellos que se prestan poniendo a disposición trabajadores propios en beneficio del cliente. “Eso es lo que genera tanta confusión”, señaló Óscar de la Vega, socio de la firma D&M abogados.

La secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, comentó por su parte que este 1 de septiembre inició una nueva etapa en la que se dará un seguimiento puntual a la implementación de la reforma, sobre todo porque concluyen dos plazos fundamentales establecidos en la reforma en la materia aprobada en abril de este año y con la que se pone fin al outsourcing.

IMSS reconoce amparos

De acuerdo con el IMSS, 301 empresas han tramitado 321 amparos judiciales contra la reforma de subcontratación. Entre el 28 de febrero y el 1 de agosto de este año el número de puestos de trabajo asociados a esas organizaciones disminuyó 16%, es decir, cerca de 16 mil empleos.

“Tenemos información perfecta” sobre estas empresas, señaló Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS.

Indicó que la mitad de las compañías que se han amparado se dedica a proveer servicios para otras empresas y a la industria de la transformación. El 40% tenía a más de 100 personas trabajadoras asociadas y 30% había registrado ante el IMSS a menos de 10.