Oaxaca.- La negativa de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial Federal para citar a comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto confirma que hay un “pacto de impunidad entre el actual gobierno y el PRI para no esclarecer el caso de Nochixtlán”, cuyo desalojo fallido dejó ocho muertos y 198 heridos, de los cuales 84 civiles presentaron lesiones por disparos de armas de fuego.

Así lo afirmó el asesor jurídico del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), Darinel Blas García, quien agregó que “desde luego vamos a insistir que comparezca el expresidente. De hecho esta impugnación que el juez negó, es solamente una instancia, todavía nos quedan dos distancias por agotar que es el amparo y después viene el recurso de revisión”.

Entonces, “el litigio por esa línea de investigación y esa comparecencia pues va a seguir,  la desventaja es que lleva su tiempo y eso puede traer algunas desventajas para la investigación”.

El 19 de junio de 2016, los gobiernos federal y estatal ordenaron el desalojo de maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y padres de familia que bloqueaban la supercarretera en el crucero de Nochixtlán en rechazo a la reforma educativa.

A cinco años y tres meses del fallido desalojo, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión contra Juan Peralta Alavés, extitular de la unidad de fuerzas especiales de la policía estatal, y Carlos Guerrero Romero, exsuboficial de la Policía Federal, quienes fueron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso número 13) de Miahuatlán.

Blas García sostuvo que “la exigencia del Comité es que se siga investigando, que se agote toda esta línea de cadena de mando para poder enjuiciar no solo a los mandos policiacos sino también a los mandos políticos; entre ellos está el expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el exgobernador Gabino Cué Monteagudo”.

El sentir es unánime en el sentido de que estas dos detenciones no vayan a servir de pretexto para paralizar estas investigaciones que todavía no terminan.

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A cinco años del desalojo fallido en Nochixtlán, el sentir de las víctimas es que se tiene que esclarecer el caso; ellos exigen que el gobierno mexicano les garantice ese derecho a la verdad, saber ¿qué sucedió? ¿cómo se ordenó? ¿quiénes ordenaron el operativo? Segundo, que estos responsables, los que dispararon y los que ordenaron el operativo, puedan ser enjuiciados”.

Insistió “en que todo parece que hay un pacto de impunidad para proteger a Peña Nieto porque solo a base de impugnaciones y amparos obligamos a que se presentaran a comparecer Osorio Chong, Gabino Cué y Renato Sales Heredia”.

Cabe mencionar que el 27 de febrero de 2020, el exgobernador Gabino Cué Monteagudo y el excomisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, comparecieron ante la FGR y el 22 de junio de 2021 compareció el exsecretario de Gobernación en calidad de testigo del fallido desalojo, pero un juez de control rechazó citar a Peña Nieto.

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Por eso es que el Comité sostiene que hay un acuerdo político para no tocar al ex presidente por al menos en el tema de Nochixtlán. Fueron más de dos años y medio para que la fiscalía citara a Osorio Chong, más de dos años y medio sobre litigio frontal jurídicamente hablando contra la fiscalía”, puntualizó.

Y haciendo una valoración objetiva, considera que “vamos si acaso a la mitad de investigación y esta detención de los mandos no significa la finalización de la investigación, sólo marca una pauta, pero no deben detenerse las investigaciones. De hecho, el tema del ex presidente Enrique Peña Nieto es sólo una línea de investigación, porque dentro de la carpeta judicial propusimos 12 líneas de investigación”.