Ciudad de México.-  Tras darse a conocer fotos del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, cenando en un restaurante de la Ciudad de México tras un año sin ser visto públicamente, la Fiscalía General de la República (FGR) salió al paso y mencionó que el ex funcionario continúa enfrentando sus procesos penales y que el plazo que tiene para aportar pruebas para su defensa vence el 3 de noviembre.

La dependencia indicó que los procesos contra el acusado, por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, y de quienes recibieron los sobornos que él supuestamente entregó, “continuarán con la transparencia que se ha llevado en este caso y que fue dada a conocer públicamente” el 6 de enero.

“ Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del juez de control del reclusorio Norte, que lleva el caso”, apuntó la dependencia.

La FGR hizo una recapitulación del caso y señaló que desde 2017, el escándalo de corrupción internacional más grave que ha habido en América Latina, denominado Odebrecht, se había “congelado” en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), sin que hubiera ningún avance.

Mencionó que fue hasta 2019, que la nueva FGR investigó el caso, que fue ratificado por Pemex, al igual que el asunto de Agronitrogenados, en los que Emilio Lozoya era uno de los principales responsables.

Una vez que se obtuvo la judicialización de esa persona, una filtración alertó al acusado, dándole la oportunidad de que huyera del país.

Recordó que, durante más de un año, la FGR investigó dicha fuga, junto con las áreas de Interpol, hasta que fue localizado en España, donde perdió todas las instancias de extradición frente a las acciones de la FGR.

En esas circunstancias, el acusado solicitó el criterio de oportunidad “para denunciar a sus cómplices y encubridores en ambos casos”, y para buscar y aportar todas las pruebas necesarias para su judicialización.

Presentando, en el asunto Odebrecht, la denuncia correspondiente en fecha 11 de agosto de 2020, habiendo aportado diversas pruebas que se han ido desahogando, lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores (el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, así como el ex candidato presidencial Ricardo Anaya) “que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht”.

Información por Milenio