Ciudad de México.- Por el delito de enriquecimiento ilícito, el fiscal de Justicia de Campeche, Renato Sales Heredia, solicitó formalmente este martes ante la Cámara de Diputados el desafuero del diputado federal y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Al aclarar que “no es un acto político en contra de un opositor”, el fiscal Sales Heredia precisó que se tiene abierta oficialmente una carpeta de investigación en el estado en contra del exgobernador Moreno Cárdenas, debido a las disparidad entre sus ingresos como servidor público y las propiedades que obtuvo y construyó durante su gestión como titular del Ejecutivo del estado.

El fiscal cumplió lo ofrecido y acudió personalmente al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde fue recibido y acompañado ante los medios de comunicación por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Gutiérrez Luna, de Morena, quien aseguró que desconoce el contenido de las acusaciones en contra del priista.

¡Booom! Llegó la solictud de desafuero de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, (a) Alito Moreno pic.twitter.com/l7LOtANb1b

— AgustinAragonL2 (@agustinaragonl2) August 16, 2022

Sin abundar, por la confidencialidad del propio proceso judicial que guarda el caso -dijo-, el fiscal Renato Sales ofreció sólo algunos detalles y comentó que la carpeta de investigación y la solicitud de desafuero tienen que ver con el cateo de las propiedades que Alejandro Moreno tiene a su nombre y de sus familiares en un exclusivo fraccionamiento del estado de Campeche.

Afirmó que el legislador tendrá que explicar -ante los legisladores de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados- los señalamientos de la autoridad judicial sobre la procedencia ilícita de los recursos con los que se obtuvieron sus propiedades, la compra de los costosos materiales con los que se construyeron, las obras de arte que posee, sus gastos y sus ingresos, entre otras cosas.

Agregó que tan sólo una de las propiedades tiene un costo de más de 130 millones de pesos, por lo que tendrá que explicar la “desproporción”, entre sus ingresos, sus gastos y sus declaraciones patrimoniales.

Con información de El Financiero.