Ciudad de México.–El ex procurador Jesús Murillo Karam ingresó al Reclusorio Norte, este sábado 20 de agosto del 2022, donde comparece en su audiencia inicial por los delitos de desaparición forzada y tortura en la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.

Murillo Karam fue trasladado esta mañana desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República en una camioneta particular, custodiado por cuatro vehículos de la Secretaría de Marina (Semar) y un auto de la FGR.

#ÚltimaHora Jesús Murillo Karam ingresa al área de juzgados del Reclusorio Norte, donde asistirá a su primera audiencia. #LasNoticiasDeFOROtv | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo pic.twitter.com/g4tJcicdoa

— Foro_TV (@Foro_TV) August 20, 2022

En la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Federación buscará imputarle los delitos, mientras que el juez definirá la legalidad de su detención y posteriormente si el ex funcionario es vinculado a proceso.

Durante la comparecencia judicial, la defensa de Murillo Karam podría solicitar la duplicidad del plazo constitucional para determinar su situación jurídica, es decir, que sea en 144 y no en 72 horas en las que se decida.

Murillo Karam fue aprehendido ayer al exterior de su domicilio, ubicado en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, un día después de que el gobierno federal presentó el informa de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

Su aprehensión ocurre después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en 2014, fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos.

El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre, cuando hubo matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en la capital de México.

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica“, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

De acuerdo con este último informe “existen elementos” para que las autoridades judiciales continúen indagatorias en contra de al menos 33 personas.