Ciudad de México.- Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), ya sabía desde hace aproximadamente un año que sería acusado y por ende detenido por el caso Ayotzinapa, por lo que ante ello había alertado a sus familiares.

Así lo citó en su colaboración de este día el columnista de El Universal Salvador García Soto, quien añadió que en su espacio recibió una versión directa de conocidos cercanos del exfuncionario en el pasado gobierno federal de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la declaración, en un momento de 2021 el político hidalguense convocó a sus hijos en Las Lomas, donde les pidió que estuvieran “preparados” porque sabía que “en Palacio Nacional ya habían tomado la decisión de acusarlo y encarcelarlo”.

Asentó que su persecución sería como una forma de justificar nuevas investigaciones y tratar de calmar la inconformidad de los padres de los 43 normalistas con el actual gobierno.

Pues Murillo Karam citó falta de resultados en el compromiso que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre revelarles el paradero de las víctimas de 2014, así como los culpables y móviles de la desaparición y asesinato.

El aviso finalmente se cumplió, citó el opinador al recordar que con el encargo que hizo AMLO, en el que pidió nombres y “cabezas” para calmar la ira de los padres y evitar que se revelaran contra su gobierno, el jueves en un informe final se habló de “33 personas”.

Mismas que fueron señaladas y acusadas por la llamada Comisión de la verdad ante la ahora FGR y primero cayó Murillo Karam. En ese sentido, de acuerdo con Salvador García Soto se especula que igual podrían ser arrestados exsecretarios de Estado de EPN y mandos militares.

Fincarle responsabilidad sería complicado: ministros

En el mismo espacio de opinión, García Soto citó charlas de ministros de la Suprema Corte y a un abogado consultado que refirieron que las acusaciones contra Murillo Karam “se ven endebles” y que “serían muy difíciles de probar en un juicio penal”.

Principalmente las imputaciones de desaparición forzada y tortura, que tendrían que demostrar que el exprocurador participó directamente o dio la orden para cometer los delitos y lo único que le podrían fincar sería contra la administración de la justicia.

Sin embargo, un jurista asentó que, debido a la edad del exfuncionario, de 80 años, sería un atenuante para que permaneciera en prisión, comentó un abogado relacionado con el caso Ayotzinapa.

Con información de La Silla Rota