Ciudad  de México.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) al organizar la consulta de revocación de mandato del Presidente de la Republica con menos recursos de los que había solicitado.

Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte rechazó hoy recursos de queja del Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados, que cuestionaban un acuerdo del 4 de febrero, en el cual el Consejo General del INE organizó la consulta en solo 57 mil 500 casillas, en vez de las 162 mil 570 de la última elección federal.

El INE justificó en su acuerdo que, para instalar tal número de casillas, requería 3 mil 830 millones de pesos, pero que le faltaban mil 738 millones, ante la negativa de la Cámara de Diputados y la Secretaria de Hacienda a autorizarle más presupuesto.

Según los inconformes, el INE habría violado una suspensión dictada por el Ministro Juan Luis González Alcántara, según la cual el órgano electoral tenia que organizar la revocación de mandato “de la manera más conveniente, como lo permita el presupuesto programado”.

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El INE, de manera discrecional e injustificada, determinó tomar como base las unidades territoriales aprobadas para el proceso de consulta popular celebrado el 1 de agosto de 2021, para definir el número de casillas a instalar en la jornada de revocación de mandato, lo que resulta contrario al mandato Constitucional y legal, el cual, como órgano público autónomo, se encuentra obligado a cumplir, sin excepción alguna”, afirmo en su queja la consejera jurídica del Ejecutivo, María Estela Ríos.

La Corte rechazó hoy estos argumentos, y aclaró que la orden de González Alcántara no fijaba algún modelo específico para realizar la consulta del pasado 10 de abril, en la que solo participo el 17.7 por ciento de los electores, sino que reconoció la autonomía del INE para organizar el proceso.

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El INE actuó de manera eficaz en la realización del ejercicio de revocación de mandato, debido a que cumplió con el objetivo que le fue encomendado al llevar a cabo el proceso aludido, y actuó de manera eficiente porque utilizó los recursos disponibles para la realización de la jornada de revocación de mandato de manera óptima”, afirmó la Corte.

En junio pasado, la Primera Sala anuló el recorte de 4 mil 913 millones de pesos que la Cámara de Diputados aplicó a la solicitud presupuestal del INE para 2022, y ordenó analizar de nueva cuenta si hay razones de fondo para no asignar esos recursos.