Por: Raúl Rodríguez

Aunque las muertes violentas jamás serán un desenlace aceptable, el secuestro de cuatro estadunidenses y los asesinatos de dos de ellos y de una mujer mexicana ocurridos en Matamoros el pasado viernes 3 de marzo, se acercaban ayer sábado a un esclarecimiento agridulce.

Dulce, coloquialmente hablando, porque sugiere un móvil más o menos verosímil. Agrio, porque muestra otra vez el horror de la inseguridad y la violencia con la que grupos criminales desangran al país frente a un Estado presumiblemente coludido o, por lo menos, claramente rebasado.

El hecho es que la 4T ni resuelve la inseguridad ni recupera el control territorial que ejercen los cárteles del narcotráfico y otros grupos criminales. Ni siquiera la recién aprobada permanencia del Ejército en las calles atina a garantizarnos vida y propiedad y, peor aún, se suma al problema, como ocurrió con la muerte a tiros de cuatro jóvenes desarmados a manos de soldados en Nuevo Laredo, también en Tamaulipas, el domingo 26 de febrero pasado.

Estos dos casos nos remiten a otros hechos de la historia reciente y a las consecuencias que trajeron: el de la andanada intervencionista desatada por Washington tras el asesinato a manos del cártel de Guadalajara del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar (5 de marzo de 1985) y el del total desprestigio de la Guerra contra el Narco de Felipe Calderón cuando el Ejército mató a dos estudiantes inocentes dentro del Tec de Monterrey (19 de marzo de 2010).

Sobre el tema que hoy nos ocupa se sabe que los cuatro estadunidenses fueron encontrados cuatro días después de su secuestro en una cabaña abandonada, dos de ellos muertos; y que la única mujer del grupo había venido desde Carolina del Sur a someterse a una cirugía estética, pero que –según reportes de la Corte de ese estado– ella y otros dos tienen antecedentes penales relacionados con la elaboración y comercio de drogas, motivo por el cual habrían viajado a Matamoros.

Cuando el pasado viernes 10 de marzo la Fiscalía de Tamaulipas informó de la detención de cinco sujetos por el secuestro y muerte de los estadunidenses, no faltaron las voces críticas respecto a la celeridad de esas capturas que atribuyeron a las exigencias y presiones del Gobierno estadunidense, pero la sorpresa fue mayúscula cuando se supo que la captura no fue resultado de investigación policiaca alguna, sino de la entrega de los hoy sujetos a proceso hecha por el cártel del Golfo, junto con un narco mensaje en el que dice que decidió “entregar a los involucrados y responsables… quienes en todo momento actuaron bajo su propia determinación e indisciplina”.

Estos hechos han sido el caldo de cultivo perfecto para potenciar una propuesta de ley que hicieron congresistas republicanos estadunidenses días antes del secuestro. Esa iniciativa avala la intervención de fuerzas militares estadunidenses en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga y frenar el tráfico de fentanilo que hasta ahora ven nuestros vecinos como un grave problema de salud pública.

Esa preocupación desde luego que es legítima, pero no justifica violaciones a la soberanía de otro país. Es en ese contexto en el que deben analizarse los comentarios que al respecto hizo AMLO sin buen tino diplomático al llamar “mequetrefes” a los congresistas republicanos y meterse de lleno en el proceso sucesorio estadunidense.

Nada conjura los críticos efectos que estos acontecimientos traerán en el corto plazo a las de suyo complicadas relaciones con el vecino del norte.

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