México, D.F.- Ante los señalamientos de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) sobre la lenta actuación del órgano regulador para aplicar sus resoluciones o incluso que no se pueden ejecutar por las impugnaciones de Telmex y Telcel, Gonzalo Martínez Pous, comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), dijo que el problema es el diseño institucional que persiste en el sector.

“Los amparos no son el problema, pues las empresas están en su derecho de impugnar las resoluciones, el problema es el diseño institucional porque intervienen diversas autoridades en las resoluciones, como la Cofetel, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la Comisión Federal de Competencia (CFC) en algunos casos”, sostuvo.

Esto hace que los procesos no sean tan veloces como sucede en países donde los órganos reguladores inician y terminan todos los procesos en esa misma instancia, como los de Inglaterra, España o Estados Unidos, indicó.

En contraparte, en México las resoluciones que emite Cofetel las puede revisar la SCT, o algunos procesos inician en la dependencia y luego se turnan al órgano regulador y esto da la posibilidad de que se gesten amparos en contra de las decisiones de una y otra autoridad y eso hace que la aplicación de las resoluciones sea más lenta.

“Los procesos no son eficientes y no lo serán si no tenemos un marco jurídico que ayude, tampoco hay tribunales especializados en telecomunicaciones como sí existen en otros países como India, por ejemplo”, destacó.

Martínez Pous dijo que se requiere una reforma legal que logre que la Cofetel sea el inicio y fin de los procesos regulatorios, que sea la instancia en donde se resuelvan los asuntos, y por supuesto, la autoridad judicial pero como última opción.

El comisionado refutó el señalamiento de la USTR en el sentido de que no ha habido una reducción en las tarifas de interconexión en las zonas en las que no existe competencia y donde sólo opera Telmex, pues estos cargos son hasta 10 veces mayores que en las ciudades en donde hay otras redes.

Aseguró que estas áreas a las que se refiere el gobierno estadounidense sí están abiertas a la interconexión, pues cualquier operador puede solicitarla, además de que la tarifa de reventa que aplica Telmex no es de 75 centavos de pesos como dice la USTR, sino que es de 10 centavos de pesos y es una medida que equivale a mil 900 millones de pesos.

Esa cuota fue determinada por la Cofetel a finales del 2008 y es un poco mayor que la que cobra Telmex en las zonas en las que hay redes de otras empresas de telecomunicaciones debido a que intervienen otros elementos como transporte, explicó.

Es cierto que esta resolución fue impugnada por Telmex, pero existen operadores que están pagando la tarifa de 10 centavos de peso debido a que no hay suspensión sobre la aplicación de la resolución, dijo Martínez Pous.

Agregó que la disminución en esta tarifa tiene un efecto económico igual al de la consolidación de las Áreas de Servicio Local (ASLs), proceso que fue cuestionado también por la USTR debido a que no se ha concluido por los amparos interpuestos por Telmex.

En relación al cuestionamiento de Estados Unidos sobre los altos niveles de las tarifas de interconexión de redes fijas a móviles, Martínez Pous recordó que al interior de la Cofetel no hay unanimidad sobre los criterios para fijar estas cuotas. Mientras que tres comisionados consideran que deben tomarse en cuenta elementos referentes a la externalidad de la red, éste comisionado y Rafael de Villar opinan que deben basarse en costos, como las mejores prácticas internacionales, lo cual genera una reducción importante de golpe, mientras que en la otra opción la baja es gradual.