México, D.F.- Las autoridades financieras darán cinco años como plazo límite a los bancos para que los créditos entre “personas relacionadas” representen hasta 25% de su capital.

Alejandro Werner, subsecretario de Hacienda, adelantó que el periodo de “transición” se fijó para evitar afectar la salud financiera de las instituciones. En la actualidad, el nivel de relacionados se ubica en 50%.

El funcionario insistió que también se buscó alcanzar un equilibrio con los intermediarios y que éstos disminuyan este tipo de créditos de manera gradual.

La primera propuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establecía un nivel de 20% del capital para préstamos entre personas relacionadas.

Se define como una “persona relacionada relevante” nacional o extranjera, cuando detenta 20% o más del capital social de una institución.

Ignacio Deschamps, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) mencionó que el gremio “apoya” las reglas en créditos relacionados.

En el documento que elaboró la Secretaría de Hacienda y la CNBV se destacó la necesidad de fijar topes a los préstamos relacionados, ya que ante posibles problemas de insolvencia, las instituciones tendrían pocos incentivos para ejercer acciones legales por sus vínculos corporativos.

En consecuencia, se busca propiciar una adecuada administración de los riesgos de liquidez.

En el documento, cuya versión definitiva se entregará en los próximos días a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) se recalcó que es necesario inducir un mayor grado de diversificación de las operaciones que realicen los intermediarios, con el fin de reducir los riesgos.

Pero la propuesta de disminuir los créditos relacionados generó molestia entre algunos integrantes de la ABM, sobre todo entre los intermediarios de capital mexicanos.

Incluso, organismos como la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, advirtió que la regulación evidencia un “desconocimiento” sobre el origen de la mayoría de los bancos nacionales, ya que muchos de éstos surgieron de grupos empresariales.

Y denunció que la regulación minimiza el compromiso de los accionistas mayoritarios y niega los criterios de confianza bajo los cuales se otorgó la concesión para operar como banca.

La Unión de Instituciones Financieras, afirmó incluso, que la medida no corrige ninguna deficiencia del capital, por el contrario, contribuye al debilitamiento de sus operaciones.

Por su parte, el Colegio Nacional de Economistas consideró que la Ley de Instituciones de Crédito ya regula los mecanismos de diversificación de riesgos y los límites entre personas relacionadas.

En una nota de comentarios que envió a la Cofemer a la propuesta, el Colegio de Economistas consideró que la medida podría generar una astringencia en la disponibilidad de créditos.