En sesión, Fredy Emmanuel Ayala Torres, secretario en funciones de magistrado de circuito del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, propuso declarar fundado el recurso de queja interpuesto por Mario Aburto contra la decisión de una jueza federal que desechó su demanda.
De acuerdo con lo expuesto, Mario Aburto impugnó que la FGR determinó no ejercer acción penal contra diversas personas que participaron en su detención y que supuestamente lo torturaron, por lo que promovió un amparo.
Ayala Torres explicó que la juzgadora al recibir la demanda determinó que la firma que tenía el escrito no era igual a la que contenían otros documentos, por lo que ordenó ratificar la petición.
“ Posteriormente, la asesora jurídica de la víctima, en este caso quejoso, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, aparentemente contra algunos de los actos que también había reclamado el quejoso inicialmente, por lo que admitió esta solicitud de protección constitucional…una que vez que ratificó la demanda, la jueza de amparo determinó desechar la solicitud de protección constitucional al considerar que se actualiza la litispendencia en términos del artículo 61 de la Ley de Amparo”, explicó.
La litispendencia se argumenta cuando existe un juicio pendiente, el cual es similar al que se reclama y que involucra a las mismas partes, razón por la que se busca evitar que un mismo tema se replique en diversos juzgados y tribunales.
Sin embargo, la magistrada Silvia Estrever Escamilla y el magistrado Jorge Isaac Lagunes Leano apoyaron la propuesta planteada por Fredy Emmanuel Ayala de declarar fundada la petición de Mario Aburto para que se estudie su amparo.
Cabe señalar q ue, Paloma Xiomara González, jueza Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó desechar la demanda de garantías.
Lo anterior, porque el tema del carpetazo ya se estudiaba en el mismo juzgado en al amparo que en su momento promovió la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual acompaña legalmente a Mario Aburto.
El ‘no’ a la acción penal
En febrero del presente año, la FGR autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal en la investigación que inició por el presunto delito de tortura en agravio de Aburto Martínez.
En tanto, el 23 de octubre de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el amparo que un Tribunal Federal otorgó al magnicida, quien buscaba recobrar su libertad tras cumplir 30 años preso.
