Guadalajara.- Las desapariciones de Salomón, Marco y Daniel, ocurridas el 19 de marzo de 2018, llevaron a la creación de La Glorieta de las y los Desaparecidos en Guadalajara, Jalisco. Este caso provocó que un gran número de ciudadanos salieran a las calles para exigir su localización.

Este miércoles se cumplen siete años de la desaparición de Marco Francisco García Ávalos, Jesús Daniel Díaz García y Javier Salomón Aceves Gastélum. En aquel momento, el gobierno de Jalisco afirmó que los tres jóvenes habían sido asesinados y que no había forma de localizar sus restos, ya que, según afirmaron, sus cuerpos habían sido disueltos en ácido. Sin embargo, un juez desechó esta versión en 2024, al determinar que faltaban pruebas contundentes.

Los padres de Marco y Daniel rechazan la “verdad histórica” y afirman que “todo ha sido una mentira”. Ellos están inconformes con la manera en que se ha llevado el caso, al tiempo que continúan en la búsqueda de la verdad sobre el paradero de sus hijos.

Virginia García y Miguel Díaz, padres de Jesús Daniel, junto con Sofía Ávalos, madre de Marco Francisco, comentaron sobre las investigaciones, los juicios y las sentencias emitidas el año pasado en relación con el caso de sus hijos. A siete años de la desaparición, sus familias siguen luchando por la verdad y la justicia.

Las familias exigen ahora que se les busque con vida y denuncian que la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso en 2018 ha realizado un trabajo ineficaz, con múltiples inconsistencias en las investigaciones y sin buscar nuevas líneas de indagación.

Desde el inicio de la investigación, los familiares de los jóvenes desaparecidos han denunciado que las autoridades no llevaron a cabo una búsqueda adecuada. A lo largo de los años, han ofrecido información valiosa para ayudar en la localización de sus hijos, pero se sienten frustrados por la falta de respuestas.

“ Si ellos hubieran hecho bien su trabajo desde el principio, quizás hoy tendríamos a nuestros hijos, pero eso no pasó”, declaró Virginia, madre de Daniel. 

A casi un año del desahogo de pruebas judiciales que evidenciaron diversas irregularidades en la investigación, las familias continúan manifestando su angustia ante la falta de avances por parte de las autoridades.

Virginia, madre de Daniel, destacó que en el juicio, una perita forense reveló que en los bidones donde supuestamente se habrían disuelto los cuerpos no se encontraron restos humanos, solo diésel.

“ En el juicio, una perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses afirmó que en los bidones donde supuestamente habían disuelto a nuestros hijos no se encontraron restos humanos; únicamente diésel”, enfatizó. 

Este testimonio pone en tela de juicio la narrativa oficial y resalta la urgencia de las familias para que se realicen investigaciones más profundas y se busque a los jóvenes con vida.

En mayo de 2024, cuando el juez desechó la versión de las autoridades, señaló que el expediente de investigación carecía de pruebas forenses que corroboraran el relato oficial. Sofía Ávalos, madre de Marco, subrayó que el juez declaró que el caso no podía cerrarse debido a la falta de elementos que confirmaran que los jóvenes habían sido asesinados.

“ Lo más importante de ese juicio es que el juez determinó que el caso no se podría cerrar porque no había suficientes elementos para afirmar que nuestros hijos fueron asesinados y desaparecidos, como sostiene la Fiscalía”, indicó Sofía, enfatizando la necesidad de continuar la búsqueda de la verdad y asegurar justicia para los jóvenes desaparecidos. 

En el reciente proceso judicial se impusieron condenas de 75 años de prisión a cinco individuos por el delito de secuestro agravado, aunque las familias de los estudiantes desaparecidos esperaban que las sentencias incluyeran la responsabilidad por la desaparición.

Los sentenciados son: Luis Fernando Martínez González, conocido como “Cochi”; Javier Antonio López Pérez, alias “QBA”; Samuel Alejandro Ramírez Torres, apodado “Kalimba”; Diego Alberto Sánchez Morales, también conocido como “Tun Tun”; y Ricardo Josué Herrera López, apodado “Choco”. En contraste, un sexto implicado, Alejandro N., fue liberado debido a la falta de pruebas que confirmaran su participación en los hechos, una decisión que los padres consideran inaceptable, dado que la investigación señala su implicación. Piden que se revise la libertad de este acusados.

Aunque el caso sigue abierto, las familias aún no han recibido información sobre nuevos avances o planes de búsqueda. “Queremos que salgan a buscarlos, porque no lo han hecho en todos estos años”, afirmó Virginia, quien sigue convencida de que su hijo está vivo.

Las familias solicitaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que revisen el caso y se ocupen de la búsqueda urgente de los tres estudiantes. A casi un año del desahogo de pruebas, la esperanza de que se haga justicia permanece latente, a pesar de la inacción de las autoridades.

Demandan que el gobierno implemente un plan serio de búsqueda que contemple todas las posibilidades, incluyendo la de que los estudiantes puedan estar con vida.

“ Queremos que salgan a buscarlos, porque no lo han hecho en todos estos años. Algo me dice que mi muchacho está ahí, en alguna parte. Desde el principio, no se les buscó como se debía; por eso exigimos que se elabore un plan para realizar una búsqueda en campo, para buscarlos con vida”, indicó Virginia, madre de Daniel.