Ciudad de México.- Después de cinco años, ha sido cerrada en forma definitiva una investigación por lavado de dinero contra cuatro despachos jurídicos y seis abogados señalados de un presunto despojo de viviendas de cartera vencida del Infonavit, calculado en 2 mil 257 millones de pesos.

En 2018 se reveló que un total de 60 mil viviendas de cartera vencida fueron despojadas a derechohabientes, a través de demandas civiles fraudulentas en Nayarit.

Los responsables de iniciar esos juicios hipotecarios eran despachos y abogados que fueron contratados por el Instituto entre 2013 y 2018.

Un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México confirmó la decisión tomada por la Fiscalía General de la República (FGR) de archivar la carpeta de investigación, por carecer de elementos de prueba.

Los Magistrados del Colegiado negaron en última instancia el amparo con el que el Infonavit pretendía revertir la medida, acordada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) el 25 de noviembre de 2022.

Argumentaron que el Infonavit no estaba legitimado para presentar el amparo, debido a que no tenía reconocida la calidad de víctima en la investigación, y fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no el Instituto, la que presentó la denuncia del caso.

Adicionalmente, señalaron que la ley vigente establece que el delito de lavado no tiene una víctima concreta y, por tanto, el Infonavit no podía ostentarse con esa calidad jurídica para presentar el amparo.

El “carpetazo”, que ahora es definitivo, favorece a los abogados Hugo Gerardo Rosales Badillo, Liliana Yazmín Cruz Flores, Antonio Humberto Herrera López, Otoniel Arrambide Guzmán, José Horacio de la Salud Ramos Ramos y Gina Rosa del Carmen Bahrens Gaitán.

Además, a los despachos Especialistas en Cobranza Difícil S.C., KCS Servicios Profesionales S.C. y Molrod, Silber y Asociados S.C.

Rosales Badillo, abogado que fue candidato suplente de Morena a la Alcaldía de Durango, tiene el antecedente de haber estado prófugo de la justicia por el caso de la presunta compra-venta simulada de azúcar que ocasionó un desfalco de 142 millones de pesos a Segalmex.

El litigante, sin embargo, negoció y se convirtió colaborador de la Fiscalía en la investigación del fraude.